Descendientes haitianos exigen JCE deje sin efecto la Circular 017 por ‘inconstitucional’

El tema de los descendienes de haitianos en RD ha generado un intenso debate.

Clave Digital/Archivo.

La circular número 017, emitida por la Cámara Administrativa de la JCE, prohíbe a los oficiales del Estado Civil expedir actas de nacimiento a ciudadanos cuyos padres no hayan probado su residencia o estatus legal en el país. 

La red Jacques Viau señaló que esta disposición se hace en franca  aplicación retroactiva de la Ley de Migración 285-04, lo cual – a su juicio- no sólo invade la esfera del Poder Legislativo, sino también la del Poder Judicial, cuando toda el principio de la retroactividad de las leyes. 

Los descendientes haitianos entienden que el presidente de la Cámara Administrativa de la JCE, Roberto Rosario, se excedió en sus funciones al suscribir la circular y al trazar pautas que sólo podría disponer el Pleno de este organismo como órgano normativo, "afectando a miles de dominicanos". 

"Como se ha reiterado en muchas ocasiones esta circular afecta a cientos de dominicanos que ya poseen actas de nacimiento, cédulas de identidad y electoral, pasaportes dominicanos, que estudian y trabajan en todos los ámbitos de la vida pública y privada de nuestra sociedad", manifestó Marisol Lantigua, coordinadora del equipo legal de la Red Jacques Viau. 

Lantigua declaró que la JCE no está facultada, ni para anular ni para prohibir la expedición de actas de nacimiento de ningún dominicano, puesto que, considera que no hay ley que lo habilita. 

La Red de Encuentro Dominico Haitiano Jacques Viau pide que se consideren los siguientes puntos: 

-Solicita al Pleno de la JCE que en su próxima sesión deje sin efecto la circular 017 porque "atenta contra miles de dominicanos, además, es contraria a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico nacional e internacional y a la Carta Magna. 

-Que el Estado deje de aplicar "retroactivamente" la Ley de Migración 285-04, la cual, entienden que se encuentra sin reglamento, así como cualquier otra medida administrativa que afecten los derechos de la ciudadanía. 

-Que el Estado adopte medidas afirmativas inmediatas a favor de las personas que han sido afectadas con estas medidas alegadamente inconstitucionales, a través de procesos transparentes y justos.