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Desaparición de Narcisazo cumplió 19 años, sigue sin aclararse tras 5 gobiernos

Los gobiernos de los últimos 19 años  y el  Poder Judicial  incumplieron la promesa de   resolver la  desaparición del profesor Narciso González (Narcisazo), reiniciando  la investigación en más de 12 ocasiones  y la debilidad institucional   provocó que el país fuera sancionado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

Durante este período de casi dos décadas los  presidentes Joaquín Balaguer, en sus últimos dos años; Leonel Fernández, con 12 años; Hipólito Mejía cuatro  y ahora Danilo Medina, prometieron   por separado    que la justicia  tenía que  resolver el caso Narcisazo.

La última promesa la hizo el pasado 24 de agosto la fiscal del Distrito, Yeni Berenice Reynoso,  después de reunirse con la viuda  de Narciso González, Altagracia Ramírez, anunció que   iba a reiniciar la investigación  y pretendía  llamar  a interrogatorio a las  personas relacionadas con el proceso judicial.


Por la  negligencia de las autoridades dominicanas  la Corte Interamericana  de los Derechos  Humanos (CIDH)  condenó al Estado  a  pagar  una indemnización  de 393 mil dólares por la desaparición  forzada el 26 de mayo de 1994 y la negligencia en la investigación de las autoridades judiciales y del Ministerio Público.

Durante el  primer gobierno de Leonel Fernández  los fiscales Guillermo Moreno y luego Francisco Domínguez Brito, en el segundo mandato  de  gobierno de Leonel Fernández,    Manuel  Hernández Peguero y Alejandro Moscoso Segarra  prometieron en ocho ocasiones reiniciar la investigación, pero no  hicieron nada.

Durante  este período, en octubre de 2007 el procurador general,  Radhamés Jiménez Peña en tres ocasiones anunció el reinició de la investigación y  prometió una recompensa de un millón de  pesos  a las personas que ofrecieran información sobre la desaparición del profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Nueva vez en  mayo del 2010,  el doctor Jiménez Peña volvió a reactivar la investigación, algunos días después que el país fue sancionado por la  Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

El profesor Narcisazo fue desaparecido el 26 de mayo de 1994, en el gobierno de los dos años de Joaquín Balaguer, quien prometió en varias ocasiones  a los integrantes de la Comisión de la Verdad que el caso era investigado.

La querella fue  presentada el 12 de junio del 1995  además de los familiares de Narciso, por  Tomás Castro, Víctor Céspedes y Guillermo Moreno.

En junio de 1994, el presidente Joaquín  Balaguer anunció que todos los  organismos de seguridad de la  Fuerzas Armadas  y la Policía  estaban investigando el caso Narciso  González.

El presidente  Leonel Fernández, 17 días después de haber sido juramentado, el día 2  de septiembre de 1996   se presentó a la  Universidad Autónoma de Santo Domingo y en  un  breve acto en la explanada del  Aula Magna prometió que el caso  Narcisazo sería   abierto, “porque el  profesor  había sido su profesor  y no podía quedar impune”,  el 15 de abril de 1998 creó una comisión y le  otorgó un plazo de 30 días para que le rindan un informe.

El 5 de agosto el presidente Fernández le entregó el informe al procurador Abel Rodríguez del Orbe  y a través de Francisco Domínguez Brito   envió el documento al  juez de Instrucción.

 Creó una comisión  integrada por los  generales  de la Policía,  Juan  Ramón de la Cruz Martínez,  el director del Departamento Nacional de Investigaciones,  Sigfrido Pared Pérez quienes realizaron  un centenar de investigaciones a policías,  militares y  civiles.

El juez de  Instrucción del Séptimo Juzgado de la Instrucción, Alexis Henríquez Núñez y luego Eduardo Sánchez Ortiz fueron   apoderados de  la investigación, este último  dictó  prisión contra varios oficiales, entre ellos Constantino Matos Viillanueva, sustentada con el testimonio de la  suplidora de la Fuerza Armadas, Paulina Alba, quien dijo haber  escuchado en la  sede la institución que el cadáver de Narcisazo sería llevado a la sede de la Policía Nacional por instrucciones de Matos Villanueva, pero una Cámara de Calificación los descargó por  falta de pruebas.

  Desde febrero del año 1998  la  Comisión Interamericana de Derechos Humanos juzga el caso, el Estado dominicano estuvo representado por el fiscal del Distrito, Francisco Domínguez  Brito,  y los procuradores de la Corte, Juan Amado Cedano y Ángel Castillo.

En el año 2000, el presidente  Hipólito Mejía, a través del procurador general, Virgilio Bello Rosa y el fiscal del Distrito, Máximo Aristy Caraballo pidió a la Justicia que actuará, pero  dijeron  que se habían perdido piezas del expediente.

En junio del año siguiente el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa,  intervino y le ordenó al juez de Instrucción, Eduardo Sánchez Ortiz, que   concluyera ese caso y emitiera la providencia calificativa.

El 27 de agosto  del 2001, el juez de Séptimo  Juzgado de la  Instrucción, Sánchez Ortiz, envió ante el tribunal criminal al exsecretario de la Fuerzas Armadas Constantino Matos Villanueva como responsables de la desaparición de  Narciso González.

También las autoridades  buscaron por ríos, camposantos y varias ciudades examinando cadáveres que supuestamente eran de Narciso González.

Según la versión del abogado Tomás Castro, varias personas que vieron a Narciso  González, murieron de forma extraña, entre ellos, el capitán de la Fuerza Aérea Dominicana, Silvestre Herrera Batista, durante un extraño accidente en la misma sede de la institución militar.
ELNACIONAL

- Por: OPINIONSURSUR - Artículo: Desaparición de Narcisazo cumplió 19 años, sigue sin aclararse tras 5 gobiernos
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