El Gobierno dominicano rechaza la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
A continuación, la declaración leída por el también director general de
Comunicación de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena:
El Gobierno dominicano rechaza la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
El Gobierno de la República Dominicana rechaza la Sentencia de 28 de
agosto de 2014 Serie C, número 282 de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, por considerarla extemporánea, sesgada e inoportuna.
De la misma forma, sin que haya espacio a dudas, manifiesta su adhesión
al artículo 1 del Convenio de la Haya, de 1930, que faculta a cada
Estado para regular y determinar, de acuerdo a su legislación, quiénes
son sus nacionales. Este principio, pilar del Derecho Internacional, es
innegociable para el Estado dominicano.
El Gobierno reitera su compromiso con el sistema interamericano, pero
cualquier interpretación antojadiza del mismo en modo alguno puede
afectar la soberanía dominicana ni la potestad del Estado para definir
por sus normas internas el régimen de la nacionalidad.
Entendemos, además, que esta sentencia, que se refiere a hechos
acontecidos en los años 1999-2000, pasa por alto numerosas
circunstancias. Entre otras, que el país tiene en marcha actualmente la
implementación de un plan integral para la regularización y
documentación de todas las personas que habitan en el territorio
dominicano.
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ignorado
aspectos muy relevantes de nuestra historia reciente, que muestran la
voluntad inequívoca de la República Dominicana de modernizar y mejorar
su marco legal. Ejemplo de esto es la Constitución aprobada en 2010, que
incluye derechos de tercera generación.
Es conocido el compromiso férreo del gobierno dominicano con el respeto
por los derechos humanos y con la búsqueda de soluciones a los desafíos
que enfrentamos en materia de documentación.
Debemos enfatizar que las soluciones que ha planteado el gobierno
dominicano y que están en marcha son fruto del más amplio consenso
logrado en nuestro país en esta materia y suponen un avance sin
precedentes en las últimas décadas.
Esa voluntad de avance y transformación es apoyada y conocida por la
comunidad internacional y por numerosas organizaciones, tanto nacionales
como internacionales, que están trabajando con nosotros sobre el
terreno para la implementación de soluciones.
Cabe mencionar entre ellas la Organización Internacional para las
migraciones y la Mesa Nacional para Migración y Refugiados en RD, que
reúne a las principales organizaciones religiosas y civiles
especializadas en estos temas en el país.
Asimismo, como parte de nuestra convicción y compromiso con la
protección de las personas, el gobierno ha creado una unidad
especializada en Derechos Humanos en nuestro Ministerio de Relaciones
Exteriores, con rango de dirección y con un equipo ampliado de primera
línea.
Por otra parte, queremos resaltar que desde hace casi un año nuestro
país y la República de Haití han sabido hacer de la dificultad, virtud,
transformando lo que comenzó como un desencuentro entre nuestras
naciones en el proceso de diálogo bilateral más fructífero que han visto
nuestros pueblos en las últimas décadas.
Este diálogo ha permitido, entre otras cosas, una cooperación sin
precedentes en materia de documentación. Agradecemos las acciones que ha
llevado a cabo el gobierno de Haití para facilitar los procesos, entre
ellas la apertura de 4 nuevas oficinas consulares en la República
Dominicana.
Entendemos que, en pro de los avances obtenidos y de la sostenibilidad
de este proceso de diálogo, vamos a continuar por la ruta que nos
habíamos trazado y que avanza por buen camino.
Nuestro deber, en primer lugar, es defender la soberanía de la República
Dominicana, mantener la estabilidad política y social en nuestro
territorio y favorecer un clima de convivencia pacífica.
Por todo lo anterior, el gobierno de la República Dominicana sigue firme
en su determinación de continuar trabajando en la misma dirección, con
responsabilidad y sin descanso, pero partiendo siempre de la realidad
social, política y económica de nuestro país.
En definitiva, creemos firmemente que la hoja de ruta que nos hemos
trazado es el camino adecuado para lograr nuestro objetivo, que siempre
ha sido, y será el mismo: construir un país sin exclusión y sin
discriminación, en el que los derechos humanos fundamentales y el
respeto a las leyes de la República Dominicana caminan de la mano con un
mismo fin: propiciar la felicidad de las personas.
Finalmente, debemos recordar que la separación de poderes es la base de
un verdadero Estado de derecho y su desconocimiento atentaría contra los
valores democráticos asumidos por la sociedad dominicana.
Fue de estos poderes públicos que emanaron la Constitución del año 2010,
las sentencia TC168-13 y posteriormente la Ley No. 169-14, que contó
con el consenso de todos los sectores de la sociedad dominicana y fue
aprobada a unanimidad por el Congreso Nacional.
En consecuencia, cualquier posición que cuestione los poderes
legítimamente constituidos de nuestro Estado es inaceptable para la
República Dominicana