País rechaza sentencia inoportuna

República Dominicana no tenía otra alternativa que rechazar por “sesgada, extemporánea e inoportuna”, la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, que condenó al país por “expulsiones sumarias” de haitianos ocurridas hace catorce años.
El régimen del presidente Medina ha tenido que cargar con todas las consecuencias de aquel hecho ocurrido entre 1999-2000 y con la campaña desatada en el país y el exterior que ha demandado el fin de lo que llaman “apatridia” de dominicanos de descendencia haitiana.

De mantener silencio frente a la sentencia de la CIDH, el régimen dominicano habría aceptado de manera implícita la condena que se ha pronunciado con todas sus consecuencias, como sería anular normas constitucionales y leyes sobre el respeto al derecho de las personas.
Para la parte dominicana la sentencia de la CIDH podría ser doblemente inoportuna porque se produce en momentos en que el presidente Medina solicitó al Congreso prorrogar por 90 días, como “nuevo y único” el plazo para la aplicación de la Ley de Naturalización.
Al parecer el Poder Ejecutivo observó que pese a haber sido dispuesta en el pasado mes de mayo con vencimiento en octubre, la proporción de extranjeros, particularmente haitianos que han acudido a las oficinas habilitadas ha sido mínima.
La Ley 169-14 y su Reglamento estableció un mecanismo para solucionar la situación creada por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, que algunos sectores del país y del exterior, entendieron dejaría a millares de haitianos en una especie de limbo jurídico.
Como se recuerda, en mayo pasado el Poder Ejecutivo promulgó la ley de Naturalización y Regulación, como un mecanismo para que las personas descendientes de padres extranjeros en situación irregular que, habiendo nacido en territorio de RD y que no figuran inscritas en el Registro Civil, puedan solicitar el registro y regularización migratoria.
No se conocen exactamente las razones para que pocos haitianos y sus descendientes hayan concurrido a regularizar su estatus, pero se supone que se debe a diversos factores, como la pobre información, carencia de dinero para costear el papeleo y a la percepción de que al final podrían quedarse a vivir en la parte dominicana con la misma irregularidad en que han estado.
Opuestos a la prórroga
La oposición a que se prorrogue el plazo para la regularización ha surgido desde diversos sitios y es particularmente firme entre quienes defendieron a muerte la sentencia del Tribunal Constitucional, los nacionalistas que denuncian la invasión pacífica de Haití y los partidarios de las deportaciones de esos nacionales.
El presidente Medina ha sido renuente a emprender una política de deportaciones que concitaría mucho mayor rechazo en el exterior que el observado a raíz de dictada la sentencia del TC y que haría daño a las relaciones políticas y comerciales con Haití que trata de revitalizar.
Hay quienes creen que la decisión dominicana de promulgar la ley 169-14 activó en Haití el rumor de que la RD regularizaría a todos los que cruzaran la frontera, cosa que ha tenido su complicación con la búsqueda de braceros que vienen estacionalmente a los campos azucareros.
El sábado 18 del presente mes se publicó que el Ministerio de Interior y Policía entregó carnés a los primeros 73 regularizados de más de 120,000 inmigrantes haitianos que se han inscrito en el plan que comenzó el pasado 2 de junio. Alrededor de 75,000 poseen documentos.
El gobierno dominicano recibió una avalancha de apoyo de sectores legislativos tanto partidarios como de opositores, por su rechazo a la decisión de la CIDH. Tal fue el caso de Miguel Vargas Maldonado, presidente del PRD quien definió como “sagrada e innegociable” la soberanía.
No todos opinaron a favor de la posición oficial. El abogado Naseff Perdomo dijo que el país puede acatar la sentencia emitida por la CIDH sin tener que modificar la Constitución. Sugirió que tal cosa es posible aplicando el artículo 74 de la misma que establece “que los tratados, pactos y convenciones relativos a los derechos humanos, suscritos o ratificados por el Estado dominicano, tienen  jerarquía constitucional”.
Rechazo de RD
El rechazo del régimen del presidente Medina se fundamenta primero que nada en su adherencia a la Convención de La Haya que faculta a cada estado a regular y determinar, de acuerdo a su legislación, quiénes son sus nacionales.
“Este principio pilar del Derecho Internacional es innegociable para el Estado dominicano”, sostuvo la declaración que leyó Roberto Rodríguez Marchena, portavoz oficial. Dijo también que la sentencia de la CIDH que se refiere a hechos ocurridos en 1999-2000 pasa por alto numerosas circunstancias.
Recuerda entre ellas que el país tiene en marcha en la actualidad la implementación de un plan integral para la regularización y documentación de todas las personas que habitan en el territorio dominicano.

- Por: OPINIONSURSUR - Artículo: País rechaza sentencia inoportuna