El empresario Ángel Rondón, quien fungía como representante de la constructora Odebrecht en el República Dominicana, y a quien el Ministerio Público le acusa de haber recibido 92 millones de dólares para sobornar a funcionarios y comisionados para que adjudicaran obras a favor de la empresa, se preguntó: ¿Si yo era quien sobornaba, por qué no citan a los sobornados?

Con relación a los financiamientos de campañas de partidos y figuras políticas, Rondón considera que si el Ministerio Público deseara juzgar o investigar este aspecto, el juicio debería ser en el Estadio Olímpico, debido a la cantidad de instituciones y personas que recibieron apoyo de la empresa.

“Ya yo he dicho todo lo que sé”, dijo Rondón al ser cuestionado sobre el porqué no revela a quien pertenecen los “codinomes”, con los cuales sus empresas recibieron transferencias monetarias de Odebrecht. “Eso es una hoja de Excel, como dijo el Procurador, añadió el acusado durante una entrevista en el programa televisivo Hoy Mismo (Canal 9). 

Justo cuando empieza este jueves el juicio de fondo contra los seis imputados, Rondón reitera que los 79 millones de dólares que recibió de Odebrecht en 16 años, corresponden a honorarios y servicios de representación, puesto que a él se le pagaba entre un 1% y un 2%, del valor total de cada obra que era adjudicada a Odebrecht a través de sus diligencias, incluyendo a Punta Catalina, por la cual le correspondió el 1%, es decir 20 millones de dólares, sin incluir el monto adicional que el consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella solicitó para la finalización de la obra, el cual se encuentra  en arbitraje internacional, por valor de unos 708 millones de dólares más de lo estipulado en el contrato para la construcción de Punta Catalina.

Tras más de dos años de investigaciones y audiencias, la Suprema Corte de Justicia inicia este jueves 12 de septiembre el juicio en contra de los seis acusados de recibir los sobornos, entre ellos el senador Tommy Galán, el empresario Ángel Rondón, el ex presidente del senado Andrés Bautista, el ex ministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, el abogado Conrado Pittaluga, y el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables (Inapa), Roberto Rodríguez.