José Ozuna andaba de paseo la noche del sábado con dos amigos. Eran las 10 de la noche y se habían reunido para disfrutar en un parque de la capital dominicana.

En la avenida Máximo Gómez con avenida Independencia, el carro que estaba delante de José cruzó la luz roja del semáforo, mientras él prefirió esperar que cambiara a verde.

Cuando llegó el turno de José, para doblar hacia la avenida Independencia, le esperaban en la esquina unos agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Terrestre (Digesett) alegando que había bloqueado el paso peatonal.

Su queja era que tenía que pagar una multa de RD$1,500 y también el marbete de RD$1,500.

Sin embargo, Impuestos Internos informó ayer que ya se podrá renovar el marbete sin tomar en cuenta las multas de tránsito que tengan los contribuyentes. En tono jocoso, José cuenta que “si no pagaba la multa, no iba a poder sacar el marbete, y si no pagaba el marbete iba a tener que pagar un recargo de RD$2,000”.

Un estudio del Observatorio Político Dominicano señala que los fondos obtenidos por concepto de infracciones de tránsito, que tan solo en 2018 ascendieron a más de RD$241 millones, no son reinvertidos totalmente en el sistema y dejan fuera a las autoridades locales, planes y estrategias de salud pública, desarrollo de infraestructuras, entre otros renglones necesarios para solucionar este problema.

La investigación “Multas por infracciones de tránsito y legislación de seguridad vial en República Dominicana”, advierte que la Ley 63-17 sobre Movilidad no aborda de manera eficiente la realidad social del país