La Cámara de Diputados convirtió en ley ayer el proyecto que regula el otorgamiento de la fuerza pública para llevar a cabo las medidas conservatorias y ejecutorias al aprobar las modificaciones que hiciera el Senado de la República.

El presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, al someter ante el hemiciclo la iniciativa, manifestó que no se trata del proyecto de ley ideal, sino del posible que forma parte de una ruta importante del Poder Legislativo.

“Este es un proyecto de ley que no es el ideal, es el posible y es fuertemente vinculante con nuestras responsabilidades. Difícilmente ninguno de nosotros no haya vivido una experiencia o alquilando un inmueble o siendo propietario de un inmueble”, manifestó Camacho.

La iniciativa que ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación es de la autoría de los diputados Henry Modesto Merán y Demóstenes Martínez. La pieza legislativa tiene como objeto asegurar la legalidad y la razonabilidad de las actuaciones de los ministeriales actuantes y agentes que lo asistieren en el otorgamiento de la fuerza pública para llevar a cabo las medidas conservatorias y ejecutorias.

La nueva ley establece que el Ministerio Público es el órgano responsable del otorgamiento de la fuerza pública, para las ejecuciones de las sentencias o de los títulos ejecutorios, a requerimiento de sus beneficiarios o de los titulares de los derechos.