En la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional está fijada  una audiencia, a partir de la nueve de la mañana de este miércoles, para conocer  un recurso de  amparo en busca de que sea  devuelto un yate incautado durante las investigaciones del caso Odebrecht y que el Ministerio Público le atribuye a  Víctor Díaz Rúa.

 El yate “La Balbie”,  se encuentra inmovilizado desde el año 2017 en virtud de una orden judicial obtenida por el Ministerio Público a raíz de la investigación del expediente de corrupción de la empresa brasileña.

A través del yerno de Rúa, Leonardo Font-Bernard y la compañía de carpeta que éste representa, Nutberry Limited, que aparece como propietaria de la embarcación, se depositó un recurso de amparo “de extrema urgencia” ante la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional en procura de la entrega de la embarcación.

De acuerdo con el recurso presentado, la sociedad que aparece como propietaria del bien, Nutberry Limited, no fue encausada en el proceso contra Odebrecht, por lo que no hay razones para que el yate continúe incautado.

Sin embargo, el Ministerio Público dice que la embarcación es del ex ministro de Obras Públicas y que en la acusación presentada el año pasado y que envió a juicio de fondo a Díaz Rúa, se incluyen numerosas pruebas que evidencian que Nutberry Limited  “era tan solo una fachada para lavar el dinero de los sobornos y ocultar al verdadero dueño de la embarcación”

Dice que entre los documentos aportados, y admitidos por el juez para el juicio de fondo, se encuentran varias comunicaciones dirigidas a la Marina de Casa de Campo donde se declara a Díaz Rúa como propietario del yate “La Balbie”.

El Ministerio Público también alega que  aportó comprobantes de pago realizados por el mismo Díaz Rúa para saldar los gastos de mantenimiento de la embarcación. 

“Con todas estas pruebas que evidencian la vinculación directa de Díaz Rúa con el yate, estos intentos por recuperar la embarcación resultan preocupantes, ya que hablamos de un imputado con varias medidas de coerción, incluyendo un impedimento de salida”, alega el Ministerio Publico en un documento.

Bajo estas circunstancias, entregar un medio de transporte marítimo a una supuesta compañía cuando es evidente  quién es el verdadero propietario de la embarcación, resultaría incongruente con el objetivo de garantizar justicia final en el caso Odebrecht, agrega.