A lo largo de la historia ha ha­bido nume­ros a s pan­demias, las cuales han provocado mi­llones de muertes, en distin­tas partes del mundo. Entre estas se encuentran la Peste Antonina; la Plaga de Justi­niano; la Peste Negra; la Vi­ruela; y la Gripe Española.

Lo que ha ocurrido, sin embargo, desde que se ini­ció este siglo XXI, es que han surgido nuevas epidemias, generadas, esencialmente, por un significativo aumen­to de la población, un ace­lerado proceso de urbani­zación y un incremento sin precedentes de los viajes in­ternacionales.

Dentro de esas epide­mias emergentes se encuen­tran las que forman parte de la familia de los coronavi­rus. La primera en aparecer, en 2002, en la provincia de Cantón, China, fue la del sín­drome respiratorio agudo grave (SARS, por sus siglas en inglés), que produjo una neumonía atípica.

Luego, en el 2012, en Arabia Saudita, la del coro­navirus del síndrome respi­ratorio de Oriente Medio (MERS), la cual dio origen a una dificultad respiratoria aguda grave, acompañada de fiebre, diarrea y afecta­ción renal.

Ahora, a finales de di­ciembre del año pasa­do, surgió en la ciudad de Wuhan, en China, un nuevo coronavirus, que ha sido bautizado con el nombre de COVID-19. A pesar de todas las pre­visiones, ese agente in­feccioso, calificado co­mo pandemia global por la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha contagiado, hasta el mo­mento, a más de medio  millón de personas y oca­sionado la muerte de al­rededor de 24 mil. Para contener la propagación de la pandemia, los países han aplicado un conjun­to de medidas. En China, por ejemplo, esas medi­das consistieron en el ais­lamiento total de los ha­bitantes de las principales ciudades.

En Corea, en la aplicación de un programa de pruebas de diagnóstico masivas, lo que permitió la identifica­ción de las personas afecta­das, aún cuando no presen­taran ningún síntoma. Igual ocurrió en Alemania, don­de también el gobierno fue muy activo en la obtención de las pruebas.

En España se decretó el es­tado de alarma en todo el te­rritorio nacional durante 15 días. En Francia, un cierre na­cional. En Italia, la prohibi­ción de todas las actividades comerciales, con excepción de supermercados y farma­cias. En Estados Unidos, la suspensión de vuelos inter­nacionales, así como la pro­hibición y cancelación de ac­tividades que consistiesen en reuniones a gran escala.

El caso dominicano

La plaga infecciosa que en  estos momentos se esparce por todos los continentes del planeta, ha suscitado temor, ansiedad e incertidumbre en la sociedad dominicana. Va­rios días después de haberse detectado el primer caso de contagio en el país, a prin­cipios de marzo, sólo se ha­bían confirmado cinco casos adicionales.

Sin embargo, hubo silencio respecto al alcance real y la le­talidad del coronavirus en la República Dominicana. No se realizaron campañas masivas de orientación ciudadana, y a pesar de que en el ámbito in­ternacional se alertaba sobre la inminencia de la crisis sa­nitaria, en lo nacional la vida continuaba lejos del munda­nal ruido, concentrado en la celebración de los comicios municipales, pospuestos para el 15 de marzo.

Fue tan sólo en la víspera de esos comicios que el go­bierno anunció, entre otras medidas, la suspensión, du­rante un mes, de los vuelos provenientes de Europa, Chi­na, Corea del Sur e Irán; y posteriormente, la declarato­ria del estado de emergencia; el toque de queda parcial; así como las medidas de distan­ciamiento social para contro­lar la circulación y aglomera­ción de personas.

Para nuestro país, al igual que para el resto del mundo, la pandemia COVID-19, pre­senta de entrada, tres desa­fíos: de salud, económico y social.

En lo que concierne al as­pecto de salud, de confor­midad con las últimas in­formaciones ofrecidas ayer domingo por Ministerio de Salud Pública, en la República Dominicana hay actualmen­te 839 casos confirmados de personas infectadas y 39 per­sonas fallecidas.

De acuerdo con la base de datos de la prestigiosa univer­sidad norteamericana, Johns Hopkins, esas cifras de perso­nas infectadas nos colocan en la posición número cinco en América Latina, sólo supera­do por Brasil, Chile, Ecuador y Panamá.

Es evidente que las res­puestas tardías por parte de las autoridades, así como el anuncio de medidas preven­tivas, a última hora, han te­nido un efecto negativo en contener la propagación, a tiempo, del virus en nuestro país.

De igual manera, la fal­ta de socialización de un pro­tocolo claro de detección, se­guimiento y control de los contagios, al igual que la in­capacidad para realizar prue­bas a toda la población, ha determinado que la cadena de contagio se haya multipli­cado de manera exponencial para que antes del mes de ha­berse decretado el estado de emergencia, existan 719 ca­sos confirmados de personas infectadas con la pandemia del Covid-19.

Grandes desafios

Los datos previamente pre­sentados reflejan el gran desa­fío que como nación tenemos en la gestión de la situación de salud. Hasta ahora, los paí­ses que han logrado mejores resultados en la mitigación de esta tragedia global han sido, como hemos dicho, los que han aplicado, de manera ge­neral, las pruebas de detec­ción del virus.

De ahí que, aunque reco­nocemos el esfuerzo que hace el gobierno por garantizar el acceso gratuito de las pruebas a las personas mayores de 59 años, eso resulta insuficiente. Se hace imprescindible, para contener el crecimiento ex­ponencial de la enfermedad, que las pruebas de diagnósti­co sean accesibles a todos, de manera ágil, gratuita y masi­ficada.

Es a partir de los hallazgos de los casos confirmados que se procede a adoptar políticas de aislamiento social respecto de las personas que entraron en contacto con otras conta­giadas. Además, es en virtud de los datos provenientes de los lugares visitados y de los contactos con las personas in­fectadas, que se elabora una cartografía de contagio y se realiza una proyección de su posible expansión.

Todo eso, por supuesto, con la finalidad de focalizar políticas públicas preventivas hacia esas comunidades, que es la manera más apropiada y universalmente válida de en­frentar la intimidante pande­mia del coronavirus.

En materia de gestión de salud, hay otros desafíos que debemos enfrentar, para sa­lir airosos de esta gran batalla que como nación debemos li­brar. En primer término, está lo concerniente a la disponibi­lidad de camas para atender las urgencias médicas habi­tuales y las generadas por la crisis del COVID-19.

A tales fines, es pertinente que el gobierno dominicano efectúe acuerdos con el sec­tor hotelero para ampliar la disponibilidad de camas y es­pecializar la atención de los casos, como se viene hacien­do, por ejemplo, en España y Nueva York.

En segundo lugar, se en­cuentra la necesidad de equi­pos de protección social que requieren los que cada día se arriesgan por mantenernos a salvo: nuestros médicos, en­fermeras y el personal auxiliar de salud, así como los servido­res públicos, militares y poli­cías.

No cabe dudas de que el impacto mundial, en los ám­bitos de la salud, la econo­mía y lo social, generado por la propagación de este nue­vo coronavirus, el COVID-19. resultará en uno de esos mo­mentos decisivos que cam­bian el rumbo de la historia, tal como ocurrió con la caída del Muro de Berlín, el desplo­me de la Unión Soviética y los ataques terroristas del 11 de septiembre.

Así de determinante es este coronavirus, que aunque mi­croscópico en sus dimensio­nes, hoy es una pandemia glo­bal que no respeta fronteras.