El Gobierno dominicano creó una comisión de veeduría para vigilar las compras de emergencia en las que incurra el Estado por la crisis del nuevo coronavirus, a propósito del escándalo nacional en la adjudicación de contrataciones millonarias, en donde solo el Ministerio de Salud ha comprometido RD$1,600 millones en 26 procesos de compras.

La comisión llega como respuesta a la espiral de denuncias públicas sobre sobrevaloraciones en los precios y supuestas adjudicaciones a empresas que nada tienen que ver con el sector salud.

Las compras de emergencia por el COVID-19, que ya lleva 82 fallecidos y 1,745 infectados en República Dominicana, han sido posibles por un decreto especial del presidente Danilo Medina, el 87-20, que declaraba de emergencia nacional las compras y contrataciones de “servicios indispensables para ejecutar los planes de prevención, preparación y respuesta” ante la enfermedad.

La comisión creada por el presidente Danilo Medina estará integrada por representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), de la Confederación Dominicana de la Pequeña y Medianas Empresas (Codopyme), de la Iglesia Católica, de las iglesias evangélicas y de la Asociación Dominicana de Diarios.   

La disposición, ordenada con el decreto 145-20, busca “asegurar el estricto cumplimento de la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su reglamento de aplicación”.

La noche del viernes, Luis Abinader, candidato presidencial del opositor Revolucionario Moderno (PRM), y puntero en las encuestas para las elecciones de mayo, se quejó de acciones criminales e insensibles “del Gobierno con licitaciones con sobrecostos y compras fraudulentas”.

“Los dominicanos sufriendo, muchos muriendo y la respuesta del Gobierno son acciones criminales e insensibles como esta licitación con sobrecostos, estas compras fraudulentas… ¿Dónde están el sentido de humanidad, la honestidad y la decencia?”, se quejó Abinader.

La reacción del Gobierno llegó primero de la Dirección de Contrataciones Públicas, que prometió investigar las empresas involucradas en las licitaciones exprés y luego en voz del ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, quien este domingo negó que estuvieran comprando a sobreprecios y defendió que se encontraban en medio de una situación de especulación internacional, que les había obligado a comprar en los montos ofrecidos por el oferente.

“No me vengan a manchar ante la opinión pública una gestión de compras basada en especulaciones internacionales… seamos prudentes y respetemos a la gente que está haciendo el esfuerzo de responder a esta situación como lo está haciendo el Estado dominicano”, reaccionó en rueda de prensa el funcionario.

Sánchez Cárdenas dijo que antes, el precio de mercado de unas manitas limpias eran unos 60 pesos, pero que ahora todo el mundo sabe que ese no es el precio, “por tanto exigirle al Estado dominicano que tenga que ceñirse a pagar 60 pesos hoy día es una irresponsabilidad pública a la que quiero llamar la atención”.

El ministro manifestó que quienes hablan de que en el mercado los precios de los productos adjudicados son otros, deberían acercarse a la institución y ofrecérselos, que ellos se los iban a comprar. Ante la declaración de emergencia de las compras del Estado,  el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha publicado en poco más de un mes, desde el 26 de febrero pasado, cuando entró en vigencia el decreto, 26 procesos de compras y contrataciones.  De estos, 23 fueron adjudicados y celebrados y tres fueron declarados desiertos. Esos procesos involucran un monto superior a los RD$1,667 millones, según los registros de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

En medio del escándalo por las adjudicaciones, Chanel Rosa Chupany, director del Servicio Nacional de Salud, reveló que parte de las empresas que resultaron con las adjudicaciones no habían podido cumplir con el plazo de entrega, por lo que esos contratos se habían caído y ya no eran válidos. Dijo, en una entrevista con el periodista Juan Bolívar Díaz, que se estaba procediendo a pedir la inhabilitación de sus registros de proveedores del Estado por incumplir los términos acordados.

“En los casos denunciados, y dado que los proveedores no cumplieron con el plazo de entrega, el SNS y el MISPAS, notificaron la rescisión de las adjudicaciones, iniciaron el procedimiento para solicitar la inhabilitación por incumplimiento y se está procediendo a realizar nuevamente la publicidad de los requerimientos”, informó la Dirección de Contrataciones Públicas.