Es más que evidente que desde un principio, en la República Dominicana, se ha carecido de una estrate­gia coherente y clara de im­plementación de las prue­bas de diagnóstico, que resulten ágiles, masivas, eficientes y gratuitas.

Para empezar, como cri­terio, el gobierno conside­ró que las pruebas no eran para todos. Esto así, a pe­sar de que nuestra Cons­titución consagra la salud como un derecho funda­mental de los ciudadanos; y de que una pandemia es un caso de calamidad pú­blica que no permite discri­minar o establecer barreras entre los que pueden o no pueden acceder a un bien público.

Por consiguiente, en lu­gar de conferirle a las prue­bas o test de diagnósticos,   un carácter de universali­dad, cada ciudadano tenía que asumir por cuenta pro­pia sus costos.

Luego, a través de un dis­curso del presidente de la República, el gobierno es­tableció que la prueba para detectar el coronavirus sería gratuita para la población en los laboratorios privados au­torizados para llevarla a ca­bo.

Pero no fue así. En el pro­pio discurso presidencial se indicaba que las pruebas gratuitas sólo se aplicarían a las personas mayores de 59 años; y que esas personas, como condición, estuviesen sometidas, a su vez, a dos condiciones: primero, que presentasen dos o más sín­tomas de coronavirus; y se­gundo, que sufriesen de dia­betes, hipertensión, cáncer e insuficiencia renal.

Eso, obviamente, resulta­ba injusto e insuficiente. El ac­ceso gratuito a las pruebas de diagnóstico para un caso de crisis sanitaria no podía estar limitada a un sólo segmento de la población, a la cual se le imponían, por demás, condi­ciones restringidas.

Frente a eso, el gobierno tuvo que recapacitar; y fue entonces que explicó que po­dían hacerse la prueba gratis los afiliados al Seguro Nacio­nal de Salud (SENASA), los que tienen planes especiales transitorios para pensiona­dos y jubilados, así como los afiliados al Seguro de Ries­gos Laborales.

A eso añadió que también tendrían derecho, en forma gratuita, a la prueba del Co­vid-19, aquellos ciudadanos que no tuviesen seguro. Pe­ro, para que eso fuese posi­ble, se exigía, con antelación, una prescripción médica de internistas, infectólogos o neumólogos.

Además, que las persona spresentasen dos o más sín­tomas del Covid-19, que hu­biesen tenido contacto con pacientes confirmados, o que estuviesen expuestos a lugares de transmisión del coronavirus en el exterior.

Posteriormente, volvió a cambiarse nuevamente de orientación. En esta ocasión para indicar que cualquier profesional médico, ya no especialistas, estaba autori­zado para ejecutar la prue­ba del Covid-19 y proceder a asistir a los pacientes en los centros habilitados para este servicio.

 En fin, una falta total de coherencia para compren­der la importancia de la rea­lización de las pruebas como manera de frenar la propa­gación del virus.

Ejemplos de éxito

Desde tiempos tan remo­tos como los de la plaga de Justiniano o la peste bubó­nica, una de las primeras medidas adoptadas por las sociedades para contener la propagación de los bro­tes epidémicos siempre fue la del confinamiento o aisla­miento de la población.

Con el paso del tiempo, se establecieron laboratorios clínicos con la finalidad de realizar análisis cuyo propó­sito consiste en investigar la naturaleza de las enferme­dades.

En la actualidad, con oca­sión de Covid-19, así se pro­cede en la generalidad de los países. Los gobiernos toman medidas de reclusión de la población y al mismo tiem­po ordenan la realización de pruebas o muestras para de­terminar el nivel de disemi­nación de la infección viral.

Los países que hasta el momento han resultado más exitosos en la conten­ción de la propagación del Covid-19, son precisamente aquellos que, desde el mis­mo momento de haber teni­do conocimiento del brote epidémico, procedieron a la realización masiva y gratuita de pruebas de diagnóstico.

Es el caso, por ejemplo, de Corea del Sur, que al produ­cirse la pandemia estableció una amplia red de diagnós­tico con la finalidad de redu­cir la tasa de mortalidad. A esos fines, lleva a cabo más de 20 mil muestras o prue­bas al día.

De esa manera, identifica los que fueron considerados como positivos, los coloca en cuarentena y rompe la cade­na de transmisión del virus.

Pero es también el caso de Alemania, cuyo bajo por­centaje de letalidad se debe especialmente a que es uno de los países con mayor nú­mero de realización de prue­bas diagnóstico a nivel mun­dial.

En lo que respecta a Chi­le, se reporta una de las tasas de letalidad más bajas de la región, obtenida, entre otras razones, porque cada día realiza tres mil pruebas de diagnóstico.

Por supuesto, lo mis­mo podría decirse de otras naciones, como Singapur, Hong Kong o Canadá, todas las cuales reaccionaron con rapidez, para en forma ma­siva proceder a la implemen­tación de pruebas de diag­nóstico.

Falta de visión

A diferencia de los países se­ñalados, en la República Do­minicana, en relación con las pruebas del Covid-19, al go­bierno le ha faltado, desde el principio, una clara visión de la importancia que estas desempeñan en lograr el ob­jetivo de la contención en la propagación del virus y en conquistar el aplanamiento de la curva.

Eso se pone en evidencia por las explicaciones ofreci­das por el gobierno en rela­ción con la alta tasa de leta­lidad (un 6 por ciento), que tiene la República Dominica­na con respecto al coronavi­rus.  En efecto, al ser aborda­do acerca de si la poca can­tidad de pruebas realizadas en el país (9 mil 275), ha si­do una de las causas de que tengamos uno de los más al­tos porcentajes de fallecidos en América Latina, el Mi­nistro de Salud Pública res­pondió: “La tasa de letali­dad no se está produciendo por presencia o ausencia de las pruebas como se quiere decir y se está manejando en algunos sectores. Se es­tá produciendo por el hecho de que las co-morbilidades están haciendo susceptibles grandemente, como figura en las estadísticas mundia­les, el tema del coronavirus en estos pacientes.”

A pesar de estar dicho en un lenguaje confuso, si para el Ministro de Salud Pública las pruebas de diagnóstico del Covid-19 no tienen nin­guna incidencia en el índice de letalidad de la infección, entonces, ¿para qué sirven? ¿En qué consiste su utilidad?

A diferencia de lo que se piensa desde el gobierno, la realización de las pruebas de diagnóstico son determinan­tes para obtener la data o in­formación que sirven de fun­damento para la elaboración y aplicación de las políticas que tienen como objetivo evitar un aumento del índice de letalidad.

A eso, precisamente, fue que se refirió el director ge­neral de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, al afirmar que “no se puede combatir el virus si no se sa­be dónde está. Y eso es pre­cisamente lo que hacen los exámenes.”

Es esa falta de compren­sión de para qué y por qué se hacen las pruebas, lo que tal vez explique los desaciertos incurridos por el gobierno, desde el inicio de la pande­mia, en la realización de algo que resulta tan vital para la detección de la propagación del Covid-19.

Pero para el gobierno do­minicano, la implementa­ción de las pruebas nada tie­ne que ver con el porcentaje de letalidad.

Así de simple y nada más.