No hay mucho que celebrar en material ambiental en República Dominicana en los últimos doce meses, so­bre todo en temas relacio­nados con la contaminación del aire, la pérdida de la bio­diversidad, el manejo de re­siduos sólidos, la presión humana en áreas protegi­das y el derecho ambiental.

El período de sequía que comenzó en 2019 ha sido el más alarmante de los úl­timos 50 años y se prevé un aumento en los eventos de olas de calor, según un es­tudio realizado por el Ins­tituto Tecnológico de San­to Domingo (Intec) con la colaboración de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).

Los incendios forestales se intensificaron durante los últimos meses, con una temporada intensa que al­canzó incluso zonas urba­nas, como el que afectó el Parque Mirador Norte a fi­nales de abril.

Incendios forestales de importancia se registraron en la Sierra de Bahoruco y en las montañas de Tireo, Constanza, Santiago Ro­dríguez, Dajabón y Monte­cristi. Muchos usuarios de­nuncian constantemente a través de fotos y videos en las redes sociales la cons­trucción de hornos de car­bón en Azua y en Neiba y la tala indiscriminada de es­pecies maderables en áreas protegidas. Una de las de­nuncias que puso en pie de lucha a la ciudadanía y a los ambientalistas fue la tala de árboles en el bosque seco de Las Dunas de Baní (Reserva Científica Monumento Natu­ral Félix Servio Ducoudray) a finales de noviembre. La de­nuncia fue realizada por el obispo de la Diócesis de Baní, monseñor Víctor Masalles.

Otra lucha ambiental que tomó dimensiones interna­cionales comenzó a finales de 2019 y aún no concluye: la petición de la Coalición por la defensa de las áreas prote­gidas de República Domini­cana de que se anule el per­miso ambiental otorgado a Leaf Bayahíbe en el área na­cional de recreo Guaraguao- Punta Catuano, del Parque Nacional Cotubanamá, para la construcción de un proyec­to turístico.

A principios de mayo de este año, efectivos militares y las autoridades de Medio Ambiente desalojaron a un grupo de personas que in­tentaron invadir terrenos del área protegida Monumento Natural Loma Isabel de To­rres, en Puerto Plata.

Residuos sólidos
La alerta sobre el mal manejo de los residuos sólidos se ac­tiva cuando los vertederos se incendian y amenazan la sa­lud de las personas.

La mejoría en la calidad del aire que se supone trae­ría la reducción de activida­des comerciales e industria­les debido a la pandemia por el nuevo coronavirus no se ha vivido en el Gran San­to Domingo. La humareda tóxica del vertedero de Du­quesa, que se mantuvo activa por más de 25 días, todavía le recuerda a la población la ur­gencia de que se promulgue la Ley General de Gestión In­tegral y Coprocesamiento de Residuos de la República Do­minicana. El vertedero de Haina en San Cristóbal y el de Rafey, en Santiago, tam­bién afectaron a las comuni­dades que los rodean varias veces en el último año.

De acuerdo con la Liga Municipal Dominicana, en el país se producen diariamen­te 16 mil toneladas de dese­chos sólidos.

Menos especies
“No matemos a la gallina de los huevos de oro”, alertaba en julio de 2019 la respon­sable de la Unidad de Soste­nibilidad Ambiental y Resi­liencia del Programa de las Naciones Unidas para el De­sarrollo (PNUD) en Repúbli­ca Dominicana, María Euge­nia Morales, al referirse a la importancia de las áreas pro­tegidas en la producción de agua, reservorio de especies y hábitat para los polinizado­res. Precisamente la pérdida de la biodiversidad y el cam­bio climático afectan como nunca los ecosistemas nacio­nales.

“El 24% de las plantas vasculares, el 86% de las es­pecies de anfibios y el 35% de las especies de reptiles se encuentran amenazadas de extinción”, señala el biólogo e investigador dominicano Sixto J. Incháustegui.

“La arribazón de algas par­das a nuestras costas y playas es una evidencia palpable de uno de los impactos del cam­bio climático”, agrega.

Y menos agua
La sequía amenaza la segu­ridad hídrica y la seguridad alimentaria en el país, con­sidera el ingeniero agróno­mo Milton Martínez Gonzá­lez, miembro de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domin­go (UASD).

“Nosotros necesitamos 30 millones de tareas de bosque para poderle asegurar agua a 20 millones de tareas que te­nemos arables. Estamos en una situación grave”, denun­ció el también agricultor en el Encuentro Verde de Listín Diario.

Martínez señala que el agua es el principal servicio ecosistémico. Propone, por tanto, que sea regulado por una especie de “Amet del agua”, una autoridad nacio­nal que se encargue de esta­blecer prioridades en el ser­vicio y que se encuentre por encima de intereses particu­lares.

 AMENAZA
Más denuncias
Los ambientalistas con­tinúan denunciando la siembra de aguacates en la Sierra de Bahoru­co, la mayor zona pro­ductora de agua del Su­roeste.

Guaconejo. 1,100 sacos de palos de esta madera aromática en peligro de extinción fueron incauta­dos en junio de 2019.

Grancera. Hace cuatro días, la Procuraduría de Medio Ambiente ordenó el retiro de los equipos de una grancera que había iniciado su instalación ile­gal en Montellano, Puer­to Plata.

Biodiversidad. El Gru­po Jaragua denunció que dos tortugas tinglares fueron asesinadas en ma­yo en Miches y en Macao.