La medida de coerción consistente en arresto do­miciliario que se ha dic­tado en los últimos años a favor de personas acu­sadas de diversos delitos en el país, tiene un serio obstáculo por delante: La asignación de la custodia al imputado.

Esta medida cautelar contemplada en el acápi­te 6 del Artículo 226 del Código Procesal Penal, ha sido objeto de muchas crí­ticas por parte de la socie­dad civil y otros sectores de la vida nacional, algu­nas referentes a la dificul­tad misma de garantizar su fiel cumplimiento.

Ese artículo estable­ce siete medidas de coer­ción, siendo la más extre­ma la prisión preventiva. El resto es la garantía eco­nómica, arresto domicilia­rio, impedimento de sali­da, presentación periódica y la colocación de brazalete electrónico.

El caso más reciente de arresto domiciliario le fue impuesto por el juzgado de Atención Permanente de El Seibo a la exatleta Juana Castillo, acusada de matar a su pareja de una estoca­da, en un hecho ocurrido el 7 de este mes en el batey La Higuera del Distrito Muni­cipal de Santa Lucía, de esa provincia, donde ambos re­sidían.

Otro cuestionamiento a la aplicación del arresto do­miciliario es que no han sido una ni dos las veces que per­sonas que estaban destinadas a guardar prisión en su mora­da y son encontrados en dis­cotecas y clubes, mientras que otros vuelven delinquir.

Otro aspecto que es so­metido a la crítica de la so­ciedad es referente a la des­igualdad en su aplicación, ya que mientras unos vi­ven en grandes mansio­nes, otros imputados es­tán carentes de todas esas comodidades, por lo que generalmente los pobres cumplen una prisión pre­ventiva en los estableci­mientos penitenciarios.

Abogados consultados por Listín Diario consideran que el problema de esta dis­posición es que en cada caso hay que asignarle al impu­tado un oficial de la Policía Judicial particular, que debe custodiar la casa del proce­sado para someterlo a una vigilancia permanente.