“La satisfacción de una necesidad, engendra otra”

Máxima económica 

El “síndrome del lulismo” se refiere al proceso mediante el cual millones de personas que fueron sacados de la pobreza, se vuelcan contra el partido que los convirtió en clase media y elevó sus niveles de ingreso, como le pasó al Partido de los Trabajadores de Brasil liderado por Luiz Ignácio Lula da Silva. 

Este síndrome tiene su explicación en el hecho de que con el ascenso social, se desatan expectativas ilimitadas que inspiran nuevas necesidades y nuevas demandas, lo que provoca en el ciudadano el deseo querer poseer más cosas y lo más pronto posible. Esto hace del votante un ente pragmático que no le profesa lealtad ni a siglas, ni a colores, ni a partido alguno, sólo se enfoca en sus propios intereses y en el porvenir, sin expresar ninguna gratitud hacia el pasado; y sólo le mantiene el apoyo al partido que los benefició, siempre y cuando éste responda a sus nuevos intereses y a sus nuevas necesidades.

La nueva clase media y sus demandas 

Y justo eso fue lo que le pasó al Partido de la Liberación Dominicana (PLD). En sus gobiernos, según estimaciones del Banco Mundial, el Producto Interno Bruto (PIB) pasó de 18,242 millones de dólares en 1996 a 88,941 millones de dólares el pasado año 2019. Este acelerado crecimiento empujó hacia arriba a importantes segmentos de la población que vivían en la pobreza, convirtiéndolos en clase media vulnerable principalmente urbana. Asimismo, la clase media consolidada y los sectores productivos se fortalecieron afianzándose una composición social de alrededor del 30 por ciento de ciudadanos viviendo bajo la línea de pobreza, 30 por ciento de clase media consolidada, 35 por ciento de clase media vulnerable y aproximadamente un 5 por ciento de sectores de ingresos altos. Lo novedoso de esta nueva composición social es que por primera vez en nuestra historia el conjunto de las clases medias pasaba a constituir la mayoría del pueblo dominicano, con la particularidad de estar más educados, más informados y más conectados que los ciudadanos del pasado.

Sin embargo, en la dirigencia más alta del gobierno y del PLD no se percataron de la transformación que se operaba en la sociedad dominicana y continuaron con las prácticas clientelares y autoritarias del pasado, propias de una sociedad más atrasada dominada por la ignorancia y la ruralidad. Para la nueva clase media ya no eran suficientes el crecimiento, la estabilidad y la modernización, ni mucho menos las dádivas ni los programas sociales; también demandaba institucionalidad, transparencia, educación y salud de calidad y decencia en la forma de gobernar. Asimismo, demandaba de mayor seguridad ciudadana, medidas serias contra la corrupción y mayor control de nuestra frontera. Es decir, la nueva clase media puso los factores subjetivos de la institucionalidad y el gobierno decente por encima del crecimiento económico y la estabilidad. Lo anterior quedó demostrado tanto en las elecciones municipales como en las congresuales y presidenciales, donde el PLD sólo ganó en algunas de las provincias y municipios más pobres y atrasados del país.

La deriva autoritaria y el “uso del poder” 

Toda esa miopía política y social terminó en una clara deriva autoritaria que se inició con la vuelta en nuestra historia del “asesinato” moral como arma de poder para desacreditar a opositores y contrarios políticos. El llamado  “quirinazo” fue una clara movida antidemocrática para sacar de juego al único líder que se podía interponer en el camino de las apetencias continuistas ilimitadas del presidente Danilo Medina, método utilizado posteriormente contra la jueza Mirian Germán y el candidato opositor Luis Abinader. A esto le siguió la imposición de una reforma constitucional en el año 2015 con el único propósito de beneficiar exclusivamente al presidente de turno utilizando (en forma innecesaria) “métodos antidemocráticos” para “torcer” la voluntad de los legisladores. Pero el mayor detonante de la indignación pública lo provocó el caso ODEBRECHT. La confesión por parte de la empresa de que había sobornado con más de 92 millones de dólares a funcionarios del Estado fue la gota que rebosó la paciencia de una parte importante de la población. 

La respuesta del país a esta deriva antidemocrática y a las continuas denuncias de corrupción fue la Marcha Verde. La clase media, hastiada de la impunidad, se lanzó a las calles a marchar exigiendo mayor institucionalidad y transparencia en el manejo del Estado. Sin embargo, estas manifestaciones contundentes que indicaban que se estaba operando un cambio en la sociedad eran ignoradas por la cúpula enquistada en el gobierno y en el partido, lo que hizo que del descontento por la impunidad, se pasara a la idea de sacar al PLD del poder por la vía electoral como única forma de retornar a los canales institucionales y a la política decente.

Imposición de un candidato y la división 

Pero este sólo fue el comienzo, luego siguieron: intervenciones telefónicas descaradas, presiones para el despido de periodistas opositores, persecución fiscal a empresarios que apoyaban la oposición, despido de jueces y fiscales capaces y honestos pero que no respondían a la línea del poder, intento de compra del congreso para imponer una tercera reelección consecutiva, intimidación a dirigentes políticos opositores y del propio partido, cancelación de empleados públicos por el sólo hecho de ser simpatizantes de líderes opositores, militarización del Congreso Nacional, presiones descaradas a las Altas Cortes y al organismo electoral, presentación de expedientes falsos para ensuciar a candidatos opositores, el uso y abuso de los fondos públicos así como de los programas sociales para el beneficio antidemocrático del candidato del gobierno, entre otras acciones de carácter autoritario en las que no se respetaban los límites institucionales al el ejercicio del poder.

Aunque el mayor error, expresión del autoritarismo imperante, fue pasarle por encima a dirigentes formados e imponer por la vía del fraude y el abuso de los recursos del Estado a un candidato oscuro, sin condiciones políticas y sin raíces en el PLD. Este hecho no sólo llevó a la división abierta con la salida del doctor Leonel Fernández, sino que provocó un profundo malestar entre los aspirantes con méritos y entre los dirigentes y militantes con años de sacrificio partidario, lo que a su vez generó una segunda división encubierta que también contribuyó con la derrota en las pasadas elecciones. Ese acontecimiento, al dividir en dos el voto peledeísta hacía prácticamente imposible alcanzar una victoria de cualquiera de las partes involucradas. A partir de aquí, el votante opositor (aproximadamente 65 por ciento del electorado), convencido de que un partido dividido no gana, puso sus esperanzas en el candidato que más posibilidades tenía de sacar al PLD del poder.

Miopía, arrogancia y desconexión 

Se puede decir, que el PLD fue la víctima de un profundo atraso teórico y conceptual que le impidió interpretar la sociedad. Prisioneros de su propio éxito y arrogancia, demostraron un profundo desdén por los valores democráticos y por el propio pueblo que los había llevado al poder. En sus actuaciones, no se guardaba ni siquiera la forma y se exhibía el autoritarismo en forma descarada como quien supone que está por encima de la sociedad, de la constitución y de las leyes y que siente que nunca bajará del poder. La sola idea de intentar imponerle al país, usando todos los recursos del Estado y en contra de alrededor del 70 por ciento de la población, una tercera reelección consecutiva y luego a un candidato a todas luces incapaz, demostraba el carácter decadente de un pensamiento antidemocrático que llegó a creer que todo se puede desde el poder. Al final, la derrota fue el resultado natural de un partido y un gobierno desconectados de las aspiraciones e intereses de las fuerzas económicas y sociales que durante 20 años ellos mismos habían ayudado a crear.