La concesión del Aeropuer­to Internacional de Bávaro, otorgada por el Poder Ejecu­tivo mediante decreto emiti­do el jueves pasado y a me­nos de un mes de concluir el gobierno del presidente Da­nilo Medina, se realizó en ba­se a informes técnicos y docu­mentaciones que no han sido revelados por las autoridades competentes.

Uno de los documentos más requeridos es el informe téc­nico de la Comisión Aeropor­tuaria (CA), que le ha sido so­licitado por distintos recursos para poder conocer las razo­nes de su resolución, fecha­da el 23 de enero, y en la que dio “su conformidad y no ob­jeción al desarrollo, construc­ción, operación y explotación económica del proyecto Aero­puerto Internacional de Báva­ro AIKB S.A.S., al amparo de los mismos términos y condi­ciones contractuales que los demás aeropuertos de propie­dad privada que actualmente operan en la República Domi­nicana”.

Este diario supo que tan pron­to se produjo la decisión de la Comisión Aeroportuaria se produjeron acciones de la Corporación Aeroportuaria del Este (CAE), propietaria del Aeropuerto de Punta Ca­na, que depositó un recurso de reconsideración y solicitó que se le proporcionara el es­tudio técnico y la documenta­ción del caso, amparándose en la Ley General de Libre Ac­ceso a la Información Pública. Hasta el día de hoy, y de acuer­do a personas con conocimien­to del proceso, la Corporación del Este no ha recibido respues­ta aunque sí le fue rechazado el recurso. Igual petición cursó en un recurso jerárquico, también rechazado, ante el Ministerio de Obras Públicas, que detenta la presidencia exoficio de la CA.

El recurso administrativo que sometió la Corporación Aero­portuaria del Este cuestionaba la calidad y capacidad del De­partamento Aeroportuario y de la Comisión Aeroportuaria para adoptar las decisiones in­cluidas en la resolución impug­nada. “Sin embargo, y sin pro­veerle del informe técnico y la documentación correspon­diente, la CA convirtió el recur­so en un proceso controvertido al notificar al Grupo ABRISA y solicitarle un escrito de defen­sa. Este no era parte del proce­so administrativo en cuestión y a pesar de que la ley no lo con­templa así, las consideraciones de ABRISA fueron casi transcri­tas en las motivaciones del re­chazo”, señalan fuentes del sec­tor aeronáutico, consultadas para esta información.

La reunión para rechazar el re­curso de la CAE se habría efec­tuado el pasado 8 de abril en pleno estado de emergencia. El documento, que tiene unas 32 páginas, fue aprobado a unani­midad de votos y se habría re­dactado en seis horas con una notificación esa misma noche a la denunciante.

Las consultas indican que an­tes de que el Grupo ABRISA so­metiera el 31 de octubre ante el Departamento Aeroportuario su estudio de viabilidad técni­ca del Aeropuerto Internacio­nal de Bávaro, ya había hecho público un vídeo elaborado en España en que se anunciaba la construcción del aeropuerto y se le promocionaba con un vis­toso diseño arquitectónico vir­tual y tecnología de punta.

Luego, el 18 de noviembre del 2019, el arquitecto Christiern Broberg, director técnico del Departamento Aeroportuario, remitió a Marino Antonio Co­llante Gómez, director ejecu­tivo de esa agencia pública, el Oficio DITEC- 741-20191118 contentivo del “Informe Final de Evaluación Técnica del Pro­yecto Aeropuerto Internacional de Bávaro” a los fines de ser pre­sentado ante el pleno de la Co­misión Aeroportuaria y conocer de la solicitud presentada por Grupo ABRISA.

El arquitecto Broberg trabajó para el Grupo ABRISA durante los años 2000-2006, como se­ñala en su hoja de vida.

El aeropuerto del Grupo ABRI­SA, según señala la resolución del DA, contará inicialmente con una pista de 3,100 metros, con orientación 84º respeto al norte geográfico, casi paralela a la dirección de los vientos do­minantes y a la pista 09-27 del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, con posibilidad de habilitar la calle de rodaje para­lela principal como pista de con­tingencia.

Se proyecta la construcción de una terminal de aproximada­mente 41,000 metros cuadra­dos con capacidad para 2.5 millones de pasajeros en su pri­mera fase y servicios aeropor­tuarios complementarios. Por igual tendría áreas para alber­gar los servicios de aduanas, migración, salud pública, re­glamentación veterinaria y fito zoosanitarias, seguridad aero­portuaria (CESAC), seguridad pública y otros requerimientos de organismos gubernamen­tales. Pese a la magnitud y tras­cendencia de un aeropuerto in­ternacional que estará situado a solo dos minutos de vuelo de otro ya existente, el informe fi­nal fue elaborado en tan solo diez días laborables desde la fe­cha en que el proyecto fue reci­bido por el DA.

Ese informe así como la docu­mentación que avaló la petición del Grupo ABRISA se mantie­nen sin ser revelados.

En el tercer considerando del decreto firmado por el presi­dente Danilo Medina se seña­la que “mediante la Resolución número 6796 del 23 de enero de 2020, la Comisión Aeropor­tuaria otorgó su conformidad y no objeción al desarrollo, cons­trucción, operación y explota­ción económica del proyecto Aeropuerto Internacional de Bávaro....”

A continuación, se indica que “la Ley número 491-06 de Avia­ción Civil, del 28 de diciembre de 2006, crea el Instituto Domi­nicano de Aviación Civil (IDAC) como un ente público especia­lizado y técnico encargado de la supervisión y control de la aviación civil y lo faculta para autorizar y fiscalizar el estable­cimiento y construcción de ae­ródromos y aeropuertos condi­cionando dicha autorización, en el caso específico del estable­cimiento de un aeropuerto, a la aprobación previa del Poder Ejecutivo”.

Sin embargo el Poder Ejecuti­vo aceptó su recomendación y en base a ella pidió al IDAC su conformidad. En su resolución, la CA llega incluso a estable­cer los términos y condiciones contractuales bajo los cuales se efectuaría la concesión estatal, funciones que tal como expresa el decreto del Poder Ejecutivo, corresponde por ley al Instituto Dominicano de Aviación Civil y dejando de lado la Ley número 340-06 sobre Compras y Con­trataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones. Tanto el PE como el IDAC la han obvia­do por lo que el aeropuerto de Bávaro podría considerarse una concesión otorgada de grado a grado.