Los abogados querellantes en la causa penal por el magnicidio de san Óscar Arnulfo Romero (1980) en El Salvador denunciaron este viernes que el proceso sigue sin avances significativos tras su reapertura en 2017.

El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador ordenó en mayo de 2017 la reapertura del proceso penal por el homicidio de monseñor Romero y en octubre de 2018 mandó a la Fiscalía General de la República a realizar una nueva investigación para determinar la participación de más personas en el crimen.

"Parece ser que el expediente ordenado por el juez Cuarto de Instrucción está dormido", dijo a la prensa Ovidio Mauricio, coordinador de la organización humanitaria Tutela Legal "María Julia Hernández".

Dicha organización entregó a la Cancillería salvadoreña una carta para solicitar que se dé seguimiento a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el asesinato de Romero.

Alejandro Díaz, abogado de Tutela Legal, indicó que existen medidas de reparación propuestas en 2006 que no se han implementado, como crear una plaza pública y llevar a las escuelas los informes relacionados con el caso.

"Consideramos que no se ha cumplido y queremos que Cancillería y el Gobierno actual nos informe qué ha pasado con todas esas reparaciones y que coordinemos, si es posible, el cumplirlas", indicó el letrado.

Además de ordenar la reapertura del proceso, la corte que lleva la causa dio luz verde para solicitar a la ONU los documentos de la investigación del magnicidio realizada por la Comisión de la Verdad, que en 1993 publicó un informe sobre los crímenes perpetrados durante la guerra civil (1980-1992).

Romero fue asesinado por un francotirador el 24 de marzo de 1980 cuando oficiaba misa en la pequeña capilla del hospital de cáncer La Divina Providencia, en San Salvador.

El santo salvadoreño se pronunciaba contra la violencia y las violaciones a los derechos humanos en los años previos a la guerra civil, con lo que se erigió en un referente en la defensa de los más vulnerables.

El Informe de la Comisión de la Verdad de la ONU de 1993 señaló como el responsable de dar la orden de asesinar a Romero al mayor Roberto D'Aubuisson, fundador de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), partido del que fue diputado y candidato presidencial.

Dicho documento también apunta que en la planificación y ejecución del asesinato participaron los capitanes Álvaro Saravia y Eduardo Ávila, así como Fernando Sagrera y Mario Molina, entre otros.

La anulación de una ley de amnistía de 1993 por un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de 2016 permitió la reapertura de este caso y de los procesos por la masacre de unos 1.000 campesinos en El Mozote (1981) y de seis sacerdotes jesuitas (1989).