Aun cuando los desarrolla­dores del Aeropuerto Inter­nacional de Bávaro han di­cho que ese proyecto tiene carácter eminentemente privado y que nada costa­rá al Estado dominicano, el Consejo de Fomento Turís­tico (Confotur) le aprobó exenciones fiscales totales durante 15 años a esa obra del Grupo ABRISA, según consta en documentos a los que tuvo acceso este diario.

Esto, a su vez, sienta un precedente y lo coloca en un rango especial al cons­tituirse en la primera vez que ese organismo conce­de tales privilegios a un ae­ropuerto privado en el país.

Así, con estas facilidades, la viabilidad financiera del proyecto depende, exclusi­vamente, de incentivos fisca­les que le fueron concedidos, incluso, antes de ser emitido el decreto aprobatorio del Poder Ejecutivo el martes 21de julio, una ventaja que no tienen sus potenciales competidores.

La aprobación de estos privilegios fiscales, siem­pre conforme a la documen­tación a la que accedió Listín Diario, tuvo lugar el 16 de julio y la licencia ambiental aportada entre los documen­tos de apoyo tiene fecha del mismo día.

En la resolución 6796 de la Comisión Aeroportuaria (CA), en la que da un “no ob­jeción” al proyecto, someti­do por los promotores a Con­fotur, se señala en su artículo primero que la “inversión to­tal estará bajo la responsa­bilidad y costo exclusivo de su promotor Grupo ABRISA y de la empresa Aeropuerto Internacional de Bávaro”.

En el decreto de aproba­ción firmado por el presi­dente Danilo Medina, el con­siderando tercero repite la afirmación de la Comisión Aeroportuaria sobre la res­ponsabilidad de la carga to­tal de la inversión.

Sin embargo, según las conclusiones del Ministerio de Hacienda, como parte del análisis costo-beneficio del aeropuerto de Bávaro, he­cho a solicitud del Confotur, “en ausencia de los incenti­vos tributarios el proyecto no sería financieramente ren­table, debido a que este no compensa la inversión inicial realizada”.

Y más adelante se advier­te de que “los incentivos tri­butarios representarían un sacrificio fiscal para el Esta­do de RD$4.403.9 millones durante los años considera­dos, de los cuales el 73% co­rresponde al impuesto sobre la renta; el 20.4% al impues­to sobre los activos; el 4.0%

al impuesto a la transferen­cia inmobiliaria; y el 2.6% al arancel e impuestos a las im­portaciones.”

Sobre todo esto se consi­dera que la merma en los in­gresos fiscales, a consecuen­cia de la generosidad fiscal adoptada por el Confotur en la sesión presidida por el mi­nistro de Turismo, Francisco Javier García, podría ser mu­cho mayor.

Contratos y las ventajas
De acuerdo a los contratos suscritos por el Estado con los demás aeropuertos pri­vados, las ventajas concedi­das también les correspon­derán a ellos, es decir que habría que otorgar las mis­mas exenciones y por igual período a los aeropuertos de La Romana, Punta Cana y Santiago.

En las conclusiones del Ministerio de Hacienda se indica que “los beneficios indirectos del proyecto a la sociedad ascenderían a RD$222.1 millones, por lo que estos cubren el 5.0% de los incentivos a otorgar. Es decir que los beneficios indi­rectos que aportaría el pro­yecto son inferiores al sacri­ficio fiscal generado por el Estado”.

Según los promotores del proyecto aeroportuario en Bávaro, que ya operaron la concesión de Las Américas y posteriormente vendieron “con pingües beneficios”, in­vertirán US$272.3 millones a ser cubierto el 61% con los aportes de sus accionistas, y el restante 39% a través de un financiamiento con el sec­tor bancario, a una tasa de 8% anual, pagadero en un perío­do de siete años, con dos de gracia.

Todas las aprobaciones ofi­ciales se concedieron en un periodo de 10 meses, pese a la pandemia y el estado de emergencia, y la decisión de Confotur se produjo sin que los beneficiarios cumpliesen con todos los requisitos pre­vistos.

Se ha destacado el hecho de que la representación de la Asociación Nacional de Hote­les y Restaurantes (Asonaho­res) solicitó infructuosamen­te, en la reunión de Confotur, que sólo se concediera una aprobación provisional del proyecto, “toda vez que el mismo carecía de los permi­sos correspondientes, como lo era el decreto de aprobación de concesión del que debe disfrutar toda infraestructura portuaria”.

Además, tampoco fueron sometidos los permisos muni­cipales ni otros especificados en la Ley de Fomento al Desa­rrollo turístico, como un “an­teproyecto arquitectónico, así como los detalles prelimina­res de ingeniería del mismo, preparado por un profesional o firma reconocida de profe­sionales dominicanos aptos, legalmente en ejercicio” y, co­mo aplica en este caso, “un plan de contingencia para prevenir y controlar los derra­mes de combustibles”.

Los no beneficiarios
Los aeropuertos no están se­ñalados directamente como beneficiarios en la Ley 158-01 de incentivo turístico. Aún si, como decidió Confotur, el aeropuerto cae dentro de las “actividades turísticas” con­templadas en el artículo 3 de la Ley 158-01, esta establece en su artículo primero que se aplica a “los polos de escaso desarrollo y nuevos polos en provincias y localidades de gran potencialidad”.

Una ojeada al párrafo I de la legislación lleva a conocer que esta concibe los incentivos co­mo parte de “un proceso racio­nalizado del desarrollo de la industria turística en todas las regiones de gran potenciali­dad” y que “no han alcanzado, a la fecha, el grado de desarro­llo esperado, o que pueden ser desarrolladas y mantener es­tándares y niveles de compe­titividad ya establecidos inter­nacionalmente”.

En la zona Este, constituida como la de mayor desarrollo turístico del país, operan ya los aeropuertos de La Roma­na y Punta Cana, con capaci­dad para atender la deman­da por los próximos 30 años, y se construye un aeródromo en Nisibón.

El nuevo aeropuerto del Grupo ABRISA se situaría a dos minutos de vuelo del de Punto Cana y, como ya se ha hecho norma, el Estado tendría que dotarlo de equi­pos técnicos que una fuen­te consultada estimó en unos US$40 millones.

Según fuentes, el sector público deberá cargar con una nómina de 500 personas para migración, seguridad, aduanas y controles fitosani­tarios, entre otras obligacio­nes públicas.

Informes señalan que un nuevo aeropuerto no nece­sariamente incentivará el nú­mero de visitantes que vienen a ese polo turístico por vía aé­rea, y que el año pasado su­maron un volumen de 7.1 mi­llones en aproximadamente 47 mil vuelos.