El Consejo del Poder Judi­cial destituyó a tres jueces por cometer faltas graves, dos de ellos por pactar con personas vinculadas a un caso de narcotráfico y uno por actuar con parcialidad a favor de los demandan­tes en un proceso contra la distribuidora de electrici­dad Edesur.

Manuel del Socorro Pé­rez García y Saulo Ysabel Díaz, de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, fueron destituidos por ser decla­rados disciplinariamente responsables de mal com­portamiento.

La decisión con respecto a Pérez García y Díaz res­ponde a la investigación abierta en 2017 en rela­ción con la sentencia que ordena un nuevo juicio a los imputados Winston Ri­zik y Nelson Rizik, proce­sados en Monte Plata por narcotráfico y lavado de activos. La acusación indi­caba que Pérez García, entonces presidente de la cor­te, sostuvo reunión con un emisario a fin de convenir cuál sería el resultado de la decisión que se iba a adop­tar y que ese intermediario sostuvo diversos encuen­tros con uno de los impu­tados, interacción en la que hubo acuerdos e inclusive entrega de suma de dinero.

El expediente discipli­nario señala que Díaz rea­lizó contacto con personas allegadas al proceso y a las partes a fin de producir un voto disidente en torno a favorecer la libertad de los imputados, acción por la que se aprovechó de deter­minadas partidas económi­cas.

Mientras Robert Anto­nio de Aza Batista, juez de la Cámara Civil, Comer­cial y de Trabajo del Juz­gado de Primera Instancia del municipio San Juan de la Maguana, fue hallado cul­pable de parcialidad a favor de 37 personas beneficiadas con una sentencia que con­denaba a la empresa comer­cial Edesur al pago de dos mi­llones de pesos por daños y perjuicios por tirar una línea de cables por terrenos de los demandantes, cuya propie­dad se pretendió probar con documentos firmados por un estudiante que fingió ser agri­mensor.

 SEPA MÁS
Base legal

La sanción impues­ta por el Consejo del Poder Judicial esta­blece que los inves­tigados violaron el principio de legali­dad, establecido en la Ley de Organiza­ción Judicial, 821, y sus modificaciones, y en el artículo 66, nu­merales 7 y 14, de la Ley 327, sobre Ca­rrera Judicial.