Desde la caída del dictador Rafael Leó­nidas Truji­llo Molina hasta la fecha, por la justicia dominica­na han pasado grandes maestros del derecho y del conocimiento de la jurisprudencia en el país, quienes han ganado le­tras de oro en el muro del derecho.

Grandes juristas como Marino Vinicio Castillo, Abel Rodríguez del Orbe, Ramón Negro Veras, Ma­riano Germán Mejía, Ra­fael Luciano Pichardo y los fallecidos Ramón Pina Acevedo, Artagnan Pérez Méndez, Jottin Cury, Ra­món Tapia Espinal, Do­mingo Rojas Nina, Juan Manuel Pellerano Gómez y Julio Ibarra Ríos, han le­gado enseñanzas para las actuales y futuras genera­ciones.

La línea de tiempo es larga y seguramente son muchos más los nombres que deben estar en esta lista tan relevante. Aún más, si su valiosa herencia tiene eco en las aulas uni­versitarias donde se forjan los abogados del futuro

 Vinicio Castillo
Marino Vinicio Castillo Rodrí­guez, nació en San Francisco de Macorís el 18 de julio de 9031; hijo de Pelegrín Casti­llo Agramonte y Narcisa Ro­dríguez Vda. Castillo. Tras fa­llecer su padre en Francia, dos meses después de nacido, la Oficina de Abogados Lic. Pe­legrín Castillo, fundada en 1901, quedó bajo la dirección de su hermano mayor, Améri­co Castillo.

Se recibió de doctor en De­recho en la Universidad de Santo Domingo en 1954, re­gresando a San Francisco de Macorís a fin de incorporarse a la Oficina Lic. Pelegrín Cas­tillo en la que desarrolló un intenso ejercicio de abogacía que abarcó todas las ramas del derecho, aunque prevale­ció siempre su participación en los tribunales penales.

El ejercicio de la abogacía lo mantuvo parejo con una par­ticipación pública, no menos intensa en la política nacio­nal, desempeñando funciones tales como diputado al Con­greso Nacional en 1961; sub­secretario encargado de la Se­cretaría de Estado de Trabajo en ese mismo año; miembro honorífico de la Comisión Na­cional de Desarrollo en 1970; secretario de Estado miembro de la Comisión de Recupera­ción de Tierras del Estado y también Presidente Honorí­fico de la Refinería Dominica­na de Petróleo en el año 1976; Presidente del Consejo Nacio­nal de Drogas en el año 1996; Asesor del Poder Ejecutivo pa­ra el Programa de Lucha con­tra el Narcotráfico con rango de Secretario de Estado en el año de 2005; Miembro Hono­rífico del Consejo de Adminis­tración de la Refinería Domi­nicana de Petróleo en el año 2009 y Presidente del Conse­jo Rector de la Comisión Na­cional de Ética y Combate a la Corrupción en el año 2009.

Igualmente, director Gene­ral de la Dirección General de Ética e Integridad Guberna­mental (Digeig) y asesor del Poder Ejecutivo para Progra­mas de Lucha Contra Narco­tráfico hasta el año 2015.

Rodríguez del Orbe
Abel Rodríguez del Orbe fue miembro del movimiento Catorce de Junio. Sufrió cár­cel, persecución y exilio en varios países. Vivió un tiem­po en París, Francia, y por muchos años ha sido profe­sor de la Facultad de Cien­cias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Representó al Estado do­minicano como parte civil constituida en el juicio con­tra el expresidente Salva­dor Jorge Blanco y algunos de sus colaboradores en la denuncia-querella inter­puesta por Marino Vinicio Castillo, el 31 de octubre de 1986 por violación de varios artículos del Código Penal Dominicano.

Publicó el libro La Corrup­ción Administrativa y puesto en circulación en el mes de abril de 1998, en la Primera Feria Internacional del Libro.

Ha sido un funcionario po­lémico y que ha tenido con frecuencias controversias por sus actuaciones en ciertos ca­sos que ha tenido que interve­nir en su calidad de sus fun­ciones públicas.

Negro Veras
Este jurista nació en la ciudad de Santiago de los Caballeros en 1938. Es abogado, escritor y articulista en varios diarios nacionales.

El profesional del derecho que tiene una amplia trayec­toria. Destacado por su ente­reza y pulcritud en el ejercicio de la abogacía.

Se inició en la política en 1956 formando junto a otros jóvenes de la época la orga­nización “Los panfleteros de Santiago”. Es un militante de las mejores causas del pueblo por más de 50 años.

Germán Mejía
Germán Mejía es abogado, notario y profesor universita­rio dominicano y exprocura­dor general de la República.

Fue designado como pre­sidente de la Suprema Corte de Justicia por el Consejo Na­cional de la Magistratura, en la sesión del 22 de diciembre de 2011.

Ha sido procurador Gene­ral de la República en el perí­do 1998-1999; director del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (2000) y miembro suplente de la Junta Central Electoral en 1992.

Nació en la comunidad de Los Palmaritos, en el mu­nicipio de Castillo, provin­cia Duarte, el 27 de enero de 1946. Realizó sus estudios primarios en la escuela Olega­rio Tenares en Castillo y con­cluyó los secundarios en el liceo Osvaldo García de la Co­cha en el mismo municipio. En 1971 obtuvo su doctorado en derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domin­go (UASD).

Luciano Pichardo
Abogado en ejercicio durante más 36 años, fue primer sus­ tituto del entonces presidente de la Suprema Corte de Justi­cia, Jorge Subero Isa.

Graduado en 1961 de doc­tor en derecho en la Universi­dad de Santo Domingo. Rea­lizó un postgrado en ciencias penitenciarias en la Universi­dad Católica de Chile. Profe­sor de procedimiento civil en las universidades Iberoame­ricana (UNIBE) y Nacio­nal Pedro Henriquez Ureña (UNPHU).

Árbitro del Consejo de Con­ciliación y Arbitraje de la Cá­mara de Comercio del Distrito Nacional. Consultor Jurídico del Banco Central y del Ban­co de Reservas de la Repúbli­ca Dominicana. Coordinador de la Comisión de Reforma de Código Civil.

Autor de artículos, ensayos y monografías sobre materia civil, penal y penitenciaria, re­cogidos en el libro De las As­treintes y otros escritos, publi­cado en abril de 1996.

Pina Acevedo
El jurista Ramón Pina Aceve­do, quien nació el 22 de no­viembre de 1922 y murió el 7 de febrero de 2018, en su ejer­cicio estuvo presente en varios de los más importantes proce­sos jurídicos nacionales, que incluyen la defensa de los doc­tores Joaquín Balaguer y Jo­sé Francisco Peña Gómez; la defensa del Banco Central de la República Dominicana y la Superintendencia de Bancos en el proceso del “Baninter”; la “Representación del Estado en el juicio seguido al expresidente Salvador Jorge Blan­co”; y, para solo nombrar uno más, “la defensa y representa­ción de doña Mercedes Reyes Viuda Mirabal, madre de las Hermanas Mirabal, en el jui­cio seguido a los asesinos de dichas hermanas”.

Si como abogado no ne­cesitaba presentación, como “hombre público” tampo­co. Estando cerca del poder desde la época de Trujillo, quien era su primo herma­no, pues su padre, Teódulo Pina Chevalier, era hermano de la madre de Trujillo. Tam­bién hizo una dilatada carre­ra en la administración pú­blica que incluyo Secretario de Estado, asesor legal del Ayuntamiento y del Senado, procurador general de la Re­pública y diputado al Con­greso Nacional, entre otros.

En la academia, su labor fue también larga y destaca­da. Inició como profesor de derecho penal II de la Facul­tad de Derecho de la Univer­sidad de Santo Domingo en 1958. Y, en la Universidad Eu­genio María de Hostos, llegó a ocupar el decanato de la Fa­cultad de Ciencias Jurídicas en 1982.

Como escritor publicó más de 10 obras, entre estas su clá­sico “Apuntes Jurídicos” y, en septiembre de 2015, “Pensa­mientos y Dinámica de la In­terpretación Jurídica”.

De igual forma, Pina Ace­vedo y Martínez fue un des­tacado deportista, con una ca­rrera excelsa en el campo del boxeo.

Pérez Méndez
Artagnan Pérez Méndez, quien nació el 23 de noviem­bre de 1929 y falleció el 15 de noviembre de 2017, fue au­tor de prestigiosas obras, in­cluidas Código Procesal Penal Anotado (III tomos), Procedi­miento Civil (III tomos), Su­cesiones y Liberalidades, ade­más de decenas de ensayos, que constituyen consultas obligadas para estudiantes de derecho y para abogados en ejercicio.

Durante su dilatada carre­ra profesional, Pérez Méndez se desempeñó como juez de primera instancia del Distrito Judicial de Espaillat, duran­te el período 1962 a 1965; además fue procurador fis­cal, notario público, funda­dor de la Academia Domini­cana del Notariado, docente y jurista con más de 48 años de ejercicio. El Palacio de Jus­ticia de la provincia Espaillat lleva el nombre del destaca­do jurista, catedrático y doc­trinario, en cumplimiento de la Ley 69-19, del 28 de marzo de 2019.

Pérez Méndez fue el defen­sor del banquero Leonel Al­monte, expresidente del Ban­co Universal y de Mario José Redondo Llenas, condenado por el asesinato del niño José Rafael Llenas Aybar, en 1996.

Jottin Cury
El jurista Jottin Cury, quien nació el 27 de diciembre de 1920 y falleció el 10 de ju­nio de 2001 a los 90 años de edad, fue fundador del bufe­te de abogados que lleva su nombre.

Fue luchador contra la ti­ranía de Rafael Leónidas Tru­jillo y estuvo involucrado en todos los procesos democráti­cos que se dieron a raíz del de­rrocamiento del profesor Juan Bosch.

Era respetado en la aboga­cía por sus altos conocimien­tos del derecho y escritor de grandes obras judiciales, entre ellas, Formularios Anotados del Procedimiento Civil Domi­nicano, la cual fue su primera obra.

Ocupó varios cargos en la administración pública, en­tre las que se citan: goberna­dor de Azua, secretario de Prensa en 1962 del Gobierno de Rafael Bonnelly, secretario de Relaciones Exteriores en el Gobierno de Francisco Alber­to Caamaño, diputado por el Partido Revolucionario Domi­nicano (PRD) en el período 1966-1970 y rector de la Uni­versidad Autónoma de San­to Domingo (UASD) durante 1972-1974.

A su salida de la rectoría de la UASD, se retiró de la vi­da política y se dedicó al ejerci­cio del derecho, en especial en el área civil. Su hijo Julio tam­bién es considerado como uno de los principales abogados ci­vilistas del país.

Desde ese entonces fun­dó el bufete de Abogados Jot­tin Cury y luego, en 1988, fue nombrado consultor jurídi­co del Poder Ejecutivo por el doctor Joaquín Balaguer, car­go al que renunció en 1990, para dedicarse por completo a la atención de su oficina de abogados y al ejercicio del de­recho, lo que estuvo haciendo hasta la hora de su muerte.

En 1949, Cury estable­ció en Barahona su oficina de abogados luego de haber sido gobernador de Azua y Elías Pi­ña. Ocho años después, tras­ladó su bufete a Santo Do­mingo, fijando domicilio en la vieja calle El Conde, y mien­tras servía a su nueva cliente­la, trabajaba en la publicación de su primera obra jurídi­ca Formularios Anotados del Procedimiento Civil Domini­cano.

Derrocado el régimen tru­jillista, suspendió su ejercicio profesional para dedicar todo su tiempo a las luchas libradas por un pueblo que emergía a la libertad dando tumbos. Se desempeñó entonces co­mo secretario de Prensa en el Consejo de Estado de 1962, y tres años más tarde, asumió la responsabilidad de ser el can­ciller del Gobierno Constitu­cionalista presidido por el co­ronel Caamaño Deñó.

Tapia Espinal
Este jurista nació el 29 de mar­zo de 1926 en La Vega, y mu­rió el 24 de marzo de 2002 en Santo Domingo. Fue un abo­gado y político que sirvió co­mo secretario de Industria y Comercio y como Secretario de Estado, para el presiden­te Rafael Bonnelly, durante el Consejo de Estado en 1961- 1963, que sucedió al derro­camiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo en 1961.

Ramón Tapia Espinal sirvió más adelante como miembro del triunvirato, un comité civil ejecutivo establecido por los militares tras el derrocamien­to del presidente Juan Bosch en 1963. Renunció al triunvi­rato en 1964.

En 1987 fue elegido por el presidente Joaquín Balaguer, para representar al Gobier­no dominicano en el proceso contra el expresidente Salva­dor Jorge Blanco, por cargos de corrupción.

En 1997 fue seleccionado por la revista Rumbo como una de las 25 personas más poderosas e influyentes en la República Dominicana.

Rojas Nina
Nació en la ciudad de San Cristóbal el 16 de septiembre de 1944 y falleció el 7 de octu­bre del 2017.

Fue abogado, poeta, escri­tor y fundador de la firma de abogados Rojas-Nina Pere­yra Abogados Consultores y activista de los derechos hu­manos, siendo presidente del Consejo Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH).

El jurista Domingo Rojas Nina fue miembro, redac­tor, revisor y secretario de la Asamblea Constituyente que modificó la Constitución en 1966.

Además, fue diputado, se­cretario de Estado de la Presi­dencia, director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Domi­nicana, director de la Defen­sa Civil y de la Autoridad Por­tuaria Dominicana.

El 11 de diciembre de 2013 la Cámara de Diputa­dos le hizo un reconocimien­to por su lucha a favor de los derechos humanos y de los intereses del país.

Pellerano Gómez
El doctor Juan Manuel Pelle­rano Gómez nació el 7 de sep­tiembre de 1927, en Baní, pro­vincia Peravia y murió el 4 de noviembre de 2018.

En 1952, el doctor Pellera­no fundó la firma de aboga­dos Pellerano & Herrera, fir­ma de abogados donde dio continuidad a su exitosa prác­tica privada.

Pellerano era considerado como el principal investiga­dor en derecho constitucional y pionero en la introducción al sistema legal dominicano del “recurso de amparo” como re­medio para la protección de los derechos constitucionales.

Un experto en litigio de ca­sos complejos y concentra su práctica legal en litigios cor­porativos, derecho constitu­cional, derecho empresarial, derecho marítimo, telecomu­nicaciones, seguros y derecho bancario.

El doctor Pellerano tam­bién fue uno de los educado­res más influyentes del país en el ámbito de la ley. Además de ser un respetado catedrático en las principales escuelas de leyes del país.

Fue autor de varios libros que han sido referencia, y que se siguen utilizando en las es­cuelas de derecho, además de recibir la más alta distinción con la medalla Caballero de la Orden del Mérito Duarte, Sán­chez y Mella, otorgado por el Presidente de la República, y una exaltación en la publica­ción británica Chambers Glo­bal, que ha divulgado que el doctor Juan Manuel Pellera­no Gómez era considerado el más conocido y más completo abogado en la República Do­minicana, un “abogado de los abogados”.

Ibarra Ríos
El jurista Julio Ibarra Ríos, do­cente y político dominicano, nació el 20 de septiembre de 1934 en la provincia de San Pedro de Macorís y falleció el 13 de marzo de 2011 a los 76 años, como consecuencia de un paro cardíaco.

Dentro de las funciones que le tocó desempeñar Ibarra Ríos, figura la de procurador fiscal del Distrito Nacional (1978- 1980); Secretario de Estado de Deportes, Educación Físi­ca y Recreación (1980-1981) y Secretario de Estado de Edu­cación, Bellas Artes y Cultos (1981-1982) y asesor jurídi­co del Senado de la República (1982-1984).

Fue nombrado como juez de la Suprema Corte de Justi­cia en 1997.

Militó en el Movimiento Revolucionario 14 de Junio, en el Partido Revolucionario Dominicano y estuvo un tiem­po con el profesor Juan Bosch, en el Partido de la Liberación Dominicana, como consultor jurídico. Durante los 12 años del Gobierno de Joaquín Bala­guer fue abogado de decenas de presos políticos de manera gratuita.

Entre sus méritos se desta­can que tuvo a su cargo, por orden del presidente Anto­nio Guzmán (1978-1982) poner en ejecución de la Ley de Amnistía, que puso en li­bertad a cientos de domi­nicanos apresados arbitra­riamente por Balaguer. Esa misma ley permitió el retor­no de los exiliados.