El director general de Con­trataciones Públicas, Car­los Pimentel, anunció ayer que llevarán cuatro casos vinculados a programas sociales por ante la Procu­raduría General de la Re­pública, por considerar que tienen indicios de na­turaleza penal.

Sin embargo, el fun­cionario rehusó mencio­nar los casos, que a su juicio están en la fase de terminación y que tie­nen mérito de ir a la Pro­curaduría Especializa­da de Persecución de la Corrupción Administra­tiva (Pepca). Tras ser en­trevistado en el programa El Despertador, por Ricar­do Nieves y Rosa Encar­nación, Pimentel aclaró que son instituciones con la característica que in­dica había una estructu­ra montada y funcionada para drenar las contrata­ciones.

Expresó que las mismas eran realizadas con provee­dores y servidores públicos al interior de esas instituciones relacionadas con programas sociales del Gobierno.

“Hemos identificado fre­cuencias de casos, con múl­tiples características y mo­dalidades de operaciones similares que nos hacen en­tender que no se trata de violación a la compra en una contratación específica, sino que dentro de un tiem­po estuvo operando en esas gestiones”, dijo.

Pimentel detalló que en dos de los casos están termi­nando el informe, mientras que los restantes están reca­bando más informaciones, tras reiterar que esos casos irán al ministerio público por entender que son de na­turaleza penal.

El 10 de este mes, el di­rector de Contrataciones Públicas y la directora ge­neral de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, llevaron a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, el sometimiento re­lacionado con la contrata­ción de 11,500 millones de pesos en la compra de hor­migón asfáltico caliente por parte del Ministerio de Obras Públicas.

Durante una visita a la sede del máximo tribunal, ambos funcionarios argu­mentaron que existen sufi­cientes indicios de que en el proceso auspiciado durante la gestión de Gonzalo Cas­tillo hubo irregularidades y violaciones a la Ley 340-06, de Compras y Contratacio­nes del Estado.

 “Creemos que el ministe­rio público, a través de sus departamentos correspon­dientes, cuenta con todos los recursos y herramientas necesarias para realizar una amplia investigación penal de este caso a los fines de es­clarecer los hechos”, expli­caron los funcionarios en un documento conjunto.

ASFALTO
Proceso.

El informe de la Direc­ción de Contrataciones Públicas colgado en la página web se establece que los procedimientos excepcionales que se si­guieron en esas compras por parte del Ministerio de Obras Públicas, sin ha­cer una licitación, “no fue­ron llevados a cabo con­forme al debido proceso administrativo que rige las compras y contratacio­nes públicas”.

En adición al caso de Obras Públicas de la ges­tión pasada, ahora se aña­den los casos relaciona­dos a programas sociales.