República Dominicana aparece en un grupo de países en los cuales se registraron actividades sospechosas,  entre los años 1999 y 2017, que ascienden a más de dos billones de dólares, para el financiamiento de la corrupción y la criminalidad. 

Una investigación de 16 meses, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), BuzzFeed News y unos 400 periodistas de 88 países en 110 medios, incluyendo el equipo de El Informe con Alicia Ortega, revela reportes bancarios confidenciales enviados a la FinCEN, Unidad del Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, creada para seguir la ruta del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. 

La colaboración periodística llamada FinCEN Files o Archivos de FinCEN, da una visión generalizada del flujo de dinero que habría servido para financiar la corrupción y la criminalidad a nivel mundial, reportes en los cuales República Dominicana también aparece.

Según indica, más de dos billones de dólares en transacciones provenientes de todo el mundo forman parte de los archivos confidenciales, reportados por los bancos o instituciones financieras con presencia en Estados Unidos. 

Se trata de 2,100 archivos conocidos como reportes de actividades sospechosas, SAR por sus siglas en inglés, que tienen a políticos, oligarcas y estafadores, entre otros, como protagonistas en algunos países. Los archivos fueron filtrados a BuzzFeed en mayo de 2019. 

El medio compartió la data, que contiene transacciones, realizadas entre 1999 y 2017, que ascienden a más de dos billones de dólares (trillones en el sistema de Estados Unidos), con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. 

Las instituciones bancarias con presencia en Estado Unidos están obligadas por ley, a reportar transacciones sospechosas a la FinCEN.

En siete 

República Dominicana aparece en por lo menos siete reportes, con pagos a través de remesadoras o transacciones bancarias, aunque esta cifra no incluye las empresas offshore que no tienen dirección en el territorio nacional, pero están vinculadas al país. Los reportes que más llaman la atención son los vinculados a Odebrecht. 

En octubre de 2016, el  banco Standard Chartered, institución que tiene presencia en 60 mercados del mundo, 14 de estos en Europa y Estados Unidos, envió a la FinCEN un reporte de tres partes, sobre más de US$187 millones de dólares en pagos sospechosos relacionados con cuentas en el Meinl Bank Antigua. 

El banco fue adquirido en 2010 por ejecutivos de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht “exclusivamente para lavar fondos”, escribió Standard Chartered, citando el testimonio proporcionado a los fiscales brasileños por un ex empleado de la constructora. 

El informe de Standard Chartered detalla las transacciones de 47 sujetos o empresas offshore vinculadas a la multinacional, incluyendo una constructora dominicana, una offshore de uno de los acusados por el caso de sobornos y otra offshore asociada a pagos con el codinome García Careca. 

Monto

Las transferencias cuestionadas ascienden a más de 3.1 millones de dólares.  “Todavía están las informaciones a disposición en Brasil para que vayan a revisar, a constatar, a hacer preguntas a los ejecutivos de Odebrecht, dijo a El Informe con Alicia Ortega, Claudia Álvarez, experta en Cumplimiento, Gestión de Riesgo, Anti lavado, Gobierno Corporativo y Ética. 

“Ese es el acuerdo al que se llegó” con la empresa y “debe ofrecer las informaciones”.

SEPA MÁS

Los detalles serán hoy 

En el Informe. ¿Cuáles son las empresas dominicanas vinculadas a los informes de transacciones calificadas como sospechosas? ¿Qué dicen sus propietarios sobre los cuestionamientos y que cooperación se recibió de Estados Unidos y otros países alrededor del mundo en materia bancaria?. Todos estos detalles lo tendrán este lunes a las 9 de la noche, en el Informe con Alicia Ortega.

El juicio es hoy.

Hoy arranca el juicio de fondo contra los seis implicados en  los sobornos que admitió haber pagado la Constructora brasileña Norberto Odebrecht en República Dominicana, por 92 millones de dólares, para obtener contratos de obras millonarias entre el 2001 y el 2014. 

En esta fase corresponde a  los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que resultó apoderado del proceso luego que fue enviado a la jurisdicción ordinaria, determinar la culpabilidad o inocencia de los acusados de varios delitos que se encuentran en libertad bajo fianza.