“Este Gobierno tendrá cero tolerancia con la corrupción”, “No habrá borrón ni cuenta nueva”, estas advertencias del presidente Luis Abinader han incitado a diferentes instituciones a denunciar los actos de corrupción que han encontrado en las entidades públicas.

Más de 15 estallidos sobre los actos de “corrupción” han sido el centro de atención desde el inicio de la nueva gestión. Sin embargo sólo hay uno que recibe constante seguimiento por la justicia dominicana: la compra de hormigón asfáltico por el Ministerio de Obras Públicas durante la gestión de Gonzalo Castillo.

Hormigón asfáltico
Carlos Pimentel, director de la Dirección General de Contrataciones Públicas, sugirió que las investigaciones relacionadas a la contratación de RD$11,500 millones en la compra de hormigón asfáltico caliente por parte del Ministerio de Obras Públicas en la gestión de Gonzalo Castillo en 2019 fueran investigadas.

A principio de septiembre Pimentel informó a este diario que los expedientes relacionados a las irregularidades en la compra de hormigón asfáltico serían llevados a la Procuraduría General de la República para profundizar sobre el acontecimiento que ha sido calificado como práctica de corrupción administrativa del pasado gobierno.

Luego de que fueron depositados los documentos se percataron que había vínculos con algunas compañías relacionadas a Gonzalo Castillo.

Referente al tema José Rijo Presbot, director de Presupuesto dijo el pasado mes que los contratos no fueron auditados y que  no pasaron por la Contraloría General de la República, asegurando que es una “violación flagrante a la ley de control del sistema nacional de control interno”.

Visitas sorpresas
La semana pasada el Ministerio Administrativo denunció que fueron borrradas las informaciones de aproximadamente 2,500 proyectos iniciados durante las visitas sorpresa del pasado gobierno. Denunció que encontraron irregularidades correspondiente a una cuenta interna que operó como caja chica con un monto de RD$400 millones destinados a uno de los proyectos de visitas sorpresas.  José Jáquez, viceministro de la Presidencia, informó que realizan las indagatorias correspondientes para determinar “el destino de más de RD$50 mil millones, en proyectos que aun agotando el presupuesto establecido no han iniciado en la parte productiva”.

Se estima que la inversión comprometida del programa ronda los RD$64,000 millones.

Caso INAIPI
El primer caso de corrupción en estrenarse fue la supuesta corrupción detectada en el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI). Un día después de la juramentación del mandatario, la Fiscal del Distrito Nacional, Rosalva Ramos, dio conocer la reapertura de las investigaciones que se realizaban desde abril del presente año.

Berlinesa Franco, quien presidía la institución fue citada para interrogarla sobre la licitación, supuestamente irregular, para comprar 40,000 kits de alimentos. Luego la Procuraduría solicitó a la fiscal el expediente, que involucra a otros exempleados de Inaipi.

Plan Social
Otro de los acontecimientos más sonados en el mes de agosto fue la desaparición de los discos duros de los ordenadores pertenecientes al Plan Social de la Presidencia. El presidente Abinader dijo que las computadoras de la institución que presidió Iris Guaba, no tenían ninguna información sobre inventarios, deudas, pagos y compras, por  lo cual se abrió una investigación.

Luego  Guaba salió en defensa de su gestión en ese entonces, e informó que las informaciones estaban “resguardas en un centro de servidores con nube y en la página web de la entidad”.

La Omsa
Radhamés González, director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) aseguró que encontró la institución “totalmente descalabrada” y una masiva cantidad de gomas que no tienen donde ubicarlas producto de una licitación.

Señaló que encontró un total de 132 autobuses prestando servicios donde el establecimiento tiene capacidad para alrededor de 500 unidades, sin combustibles ni repuestos para los vehículos.

Otros sonados casos
Denuncias.
Jean Luis Rodríguez, director de la Autoridad Portuaria, reportó que al asumir encontró una deuda de más de RD$1,500 millones y el seguro médico de algunos empleados suspendidos por falta de pago.

Medio Ambiente.
Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente informó haber encontrado un abultamiento de la nómina. Mientras en Promese/CAL se inició una investigación sobre la adquisición de medicamentos de la pasada gestión por RD$270 millones.

Más casos.
Edgar Féliz, administrador de Comedores Económicos, denunció licitaciones irregulares y una “mafia” entre suplidores y funcionarios. También hubo denuncias en el  programa social  “Quédate en casa”, Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Indotel  y en Salud Pública.