El presidente de la Repúbli­ca, Luis Abinader, anunció el pasado jueves la inten­ción del Gobierno de asu­mir las firmas del pacto eléctrico en los próximos seis meses y el pacto fiscal en un proceso que deberá concluir en 2022, pero el gran reto en ambos casos será lograr el consenso en­tre sectores.

El último intento pa­ra concertar la firma del pacto eléctrico se reali­zó a finales de 2018 y los primeros meses de 2019, y aunque el Consejo Eco­nómico y Social había anunciado que había más consensos que disensos, lo cierto es que el sector social, los industriales de Herrera y partidos políti­cos, como Alianza País y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), ahora en el poder, se negaron a su firma.

El PRM, en ese momen­to, condicionó su firma a que se cumplieran los si­guientes puntos: Que se derogue cualquier decreto o disposición que viole la Ley de Electricidad, que se restructure el compromiso de eliminar, en 18 meses, el problema de los apagones, la realización de auditorías a las distribuidoras y apli­car un programa de reduc­ción de gastos en estas.

Asimismo, el PRM exi­gía el establecimiento de un programa de licitacio­nes para la contratación de energía, con total transpa­rencia, que se eliminen los contratos grado a grado, se aplique un sistema de tari­fa social transparente acor­de con la población de más bajos recursos, y que no se produzcan alzas en la tarifa hasta que las distribuidoras reduzcan gastos operativos al 10% de sus ingresos.

Los industriales pertene­cientes a la Asociación de Empresas Industriales de Herrera (AEIH) expusieron como razón, para no firmar el pacto, en diciembre del 2017, que este no resolve­ría el problema energético dominicano y denunciaba que no se acomodaba a los intereses de algunos sec­tores, dejando problemas fundamentales sin resolver.

Iniciadas sus discusio­nes, en enero de 2015, con un plazo de seis meses para ser firmado, el pacto eléc­trico duró tres años en de­bate y luego de la búsqueda infructuosa del compromi­so de los partidos políticos, su firma fue suspendida de­finitivamente en febrero de 2019.

Nuevas expectativas
Ante el anuncio del pre­sidente Luis Abinader de que se convocará al Conse­jo Económico y Social para que en un plazo de seis me­ses, a partir del 26 de octu­bre, se logre un consenso para firmar el pacto eléctri­co y se trabaje para que el fiscal esté listo para la ela­boración del presupuesto de 2022, muchos sectores han renovado sus esperanzas de que se cumpla con la Estra­tegia Nacional de Desarrollo 2030.

Organizaciones empresa­riales, industriales, comer­ciales, generadores, eco­nomistas y otros sectores productivos han visto con beneplácito la disposición del mandatario y han reite­rado su disposición de diálo­go y concertación.

El presidente de la Aso­ciación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE), Roberto Herrera, cree que se debe retomar el documento con los consensos acordados en el proceso pasado, para reiniciar la discusión de los puntos que aún necesitan de consenso.

Agregó que por el tiem­po que ha pasado hay temas que ya no son relevantes porque se han ido imple­mentando, y que esperan conocer la posición del par­tido de Gobierno, ahora que están en el poder. Dijo que están dispuestos a acudir al diálogo cuando el CES los convoque.

El vicepresidente ejecu­tivo del CONEP, Cesar Dar­gam, sostuvo que las bases de retomar el pacto eléctri­co están en el documento de consensos y afirmó que con la voluntad política requeri­da se puede alcanzar su fir­ma a corto plazo.

El economista y vicede­cano de la Facultad de Eco­nomía de la Universidad Autónoma de Santo Do­mingo (UASD), Antonio Ci­riaco Cruz, dijo que en lo que resta para lograr la fir­ma del pacto eléctrico y el pacto fiscal van a necesitar un esfuerzo extraordina­rio de los coordinadores, ya que ambos pactos son com­plejos.

Sobre el pacto fiscal
La Ley 1-12, que estable­ce la Estrategia Nacional de Desarrollo, impuso la reali­zación de tres pactos: edu­cativo, eléctrico y fiscal. De estos, solo se logró el edu­cativo. Todos debieron fir­marse entre los años 2012 y 2015.

Los desafíos del pacto fis­cal, por los altos intereses in­volucrados, requieren de mu­cha voluntad política y de la disposición de consenso para que se defina el país que quie­ren los dominicanos, así lo han externado distintos secto­res de la sociedad.

Los empresarios e indus­triales han manifestado su disposición de participar en diálogos que contribuyan a mejorar la calidad del gasto y la eficienciación de los in­gresos para el desarrollo del país, haciendo un llamado a la unidad nacional para ge­nerar confianza y esperan­za, para superar la grave cri­sis económica creada por el Covid-19.

El sector comercial ha se­ñalado la necesidad de que se realice el pacto fiscal y se­ñalaron que esperan que sea un pacto donde se amplíen las bases tanto del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y de Servi­cios (ITBIS) como de los con­tribuyentes del Impuesto So­bre la Renta (ISR).

“El pacto fiscal es muy complejo”, expone el eco­nomista Antonio Ciriaco Cruz, ya que choca con mu­chos grupos de intereses so­bre todo en temas como el gasto tributario, qué tipo de impuesto son sujetos de au­mento o disminución de ta­sas, como se van a repartir las cargas fiscales.

Refirió que las autorida­des gubernamentales deben jugar un papel determinante para establecer los consen­sos, los que dijo no será posi­ble alcanzar grandes acuer­dos sino consensos mínimos en función del bien común.

Dijo que lo más importan­te con el pacto fiscal es lograr un sistema tributario que sea menos regresivo que el actual, donde las cargas se repartan mejor, que los que más tienen sean los que más impuestos paguen y definiendo una polí­tica de protección a los sectores más vulnerables.