Al cumplirse hoy, 6 de oc­tubre, el pri­mer aniversa­rio del fraude gestado por la cúpula pa­laciega en las primarias del Partido de la Liberación Do­minicana, sus autores, con­trario a sus previsiones, se encuentran en la actuali­dad, no solo desalojados del poder, sino desconcertados y estupefactos ante la mag­nitud de la catástrofe elec­toral del pasado 5 de julio, que los ha sumido en una inenarrable situación de bancarrota política y moral.

Todo empezó a fraguar­se a partir del 2015, luego del acuerdo suscrito por el Comité Político del partido morado, que permitió la re­forma a la Constitución de la República, haciendo po­sible la reelección del en­tonces presidente de la Re­pública para un segundo mandato consecutivo.

En el segundo ordinal de ese acuerdo se estableció, de manera precisa e inequí­voca, la inclusión de nuevos mecanismos de protección de nuestra Carta Magna, que sirvieran de candados ante futuros intentos de proyectos continuistas.

A pesar de ese acuerdo, la cúpula palaciega, actuando desde la sombra, no descar­taba un tercer periodo pre­sidencial consecutivo. Pa­ra esos fines, se trabajaba de manera sigilosa. Se desauto­rizaba cualquier voz que se levantase en esa dirección.

Para sembrar más la du­da en la opinión pública, un destacado miembro de la al­ta dirección peledeista, du­rante meses proclamó que el presidente de la República le había autorizado a informar que no se presentaría como aspirante a un tercer periodo presidencial.

Pero al tiempo que se ocul­taban las verdaderas inten­ciones de permanencia en el poder, se actuaba en sentido contrario. Se quiso introducir dentro de la Ley de Partidos el sistema de primarias abier­tas, simultáneas y obligato­rias para la selección de can­didatos a cargos de elección popular. El objetivo de ese proyecto era el de obtener un nivel de legitimación popular equivalente al de un plebisci­to o referéndum.

No se pudo lograr; y an­te eso se maniobró para que los partidos pudiesen optar por distintas modalidades de selección de sus candidatos, permaneciendo, para el caso específico del PLD, las prima­rias abiertas.

El intento de reforma a la Constitución de la República naufragó. Los seis precandi­datos promovidos por el jefe del Estado fueron elimina­dos. Una séptima figura, in­esperada, emergió como el candidato oficial para el 6 de octubre.

Junta, padrón y voto automatizado
Al imponer la cúpula palacie­ga el método de elecciones primarias, el próximo paso era determinar el padrón que habría de ser utilizado. Eso se abordó directamente con la Junta Central Electoral. Pa­ra sus integrantes, especial­mente para su presidente, el padrón a utilizarse era el pa­drón universal del órgano electoral.

Manifestamos nuestra oposición a ese criterio. Es evidente que si todos los partidos hubiesen adopta­do el sistema de las prima­rias abiertas, el padrón a em­plearse no podía ser otro que el de la Junta Central Electo­ral. Pero si solo un partido op­taba por las primarias abier­tas, como fue el caso el PLD, el padrón ya no podría ser el de la JCE. Tenía que ser el padrón del PLD, más todas aquellas personas que no es­tuviesen afiliadas a ningún otro partido.

Esa era la manera de evitar que otras organizaciones po­líticas pudiesen influir en sus decisiones internas. Al im­ponerse el padrón de la JCE, partidos como el PRD y otros aliados del partido morado, votaron por el candidato del oficialismo, creándose una situación de inequidad elec­toral, en perjuicio de nuestra precandidatura.

Pero lo más grave de ese proceso comicial tuvo que ver con el uso del programa de software en el sistema de voto automatizado. Cuando la autoridad electoral con­vocó a los partidos políticos para informar acerca del vo­to automatizado, como plan piloto para la celebración de elecciones internas de los partidos, todos manifestaron su aprobación.

El problema empezó a suscitarse cuando la JCE, ac­tuando en forma contraria a sus propias disposiciones, no realizó la auditoría técnica al software que se utilizaría en las elecciones primarias. Eso así, a pesar de que, en diver­sas ocasiones, en forma escri­ta, nuestro equipo le solicitó su realización. Resultaba per­tinente llevar a cabo la referi­da auditoría, dado que dicho software, el cual fue elabo­rado por la Dirección de In­formática del órgano electo­ral, no había sido sometido a controles de calidad y nunca había sido puesto en práctica.

Para salvar esas dificulta­des, el sistema de votación todavía contaba con un me­canismo efectivo. Consis­tía en que al materializarse el voto electrónico, se emitía una constancia física, en for­ma de recibo, que se deposi­taba en las urnas.

Para dotar de mayor legi­timidad al proceso electoral interno, solicitamos a la Jun­ta que los votos físicos fuesen contados en su totalidad, a los fines de establecer su co­incidencia con los resultados de la votación electrónica.

Se nos rechazó tal peti­ción. Solicitamos entonces que fuese un 50%. También se nos negó. Pedimos lue­go que fuera un 40%. La res­puesta: un 10% y nada más, lo que resultaba insuficiente para determinar la real vo­luntad popular.

Al iniciarse la transmisión de los resultados electorales, el candidato oficial salió con una gran ventaja. Resultaba evidente que se había pro­gramado para que así fuese, a los fines de proyectar una imagen de victoria. Sin em­bargo, a medida que conti­nuaba el proceso, nuestra candidatura fue disminuyen­do esa diferencia hasta que a las 6:30 de la tarde, cuando se suponía que ya todos los recintos electorales estarían cerrados, nuestra candidatu­ra emergía triunfante.

El fraude
A esa altura, el fraude del vo­to automatizado había sido vencido. El empleo del po­der y los recursos del Esta­do habían sido sobrepasa­dos. En ciertos sectores de la sociedad, hasta se celebraba nuestro triunfo. A partir de ahí, sin embargo, conforme a los boletines noticiosos, el presidente de la República se trasladó a las oficinas del can­didato oficial; y lo que acon­teció, entonces, fue la puesta en práctica de una segunda modalidad del fraude, en las lejanas provincias del Sur, donde se estuvo ejerciendo el voto hasta las 2 de la madru­gada del día siguiente.

Al analizar lo que aconte­ció en las primarias peledeís­tas del 6 de octubre, el grupo de observadores de Participa­ción Ciudadana logró docu­mentar la ocurrencia de múl­tiples irregularidades, al igual que hicieron observadores de varios grupos internaciona­les. Al insistir en la realiza­ción de una auditoría técnica forense con respecto a lo ocu­rrido, la Junta Central Electo­ral, luego de haber fracasado en la contratación de la firma Deloitte, suscribió un acuer­do con la empresa española Alhambra Deus.

La respuesta se limitó a una rueda de prensa donde declaró que los equipos audi­tados disponían “de un nivel de seguridad, desempeño y tolerancia a fallos que los ha­cen robustos, fiables y rápi­dos en su ejecución”.

De esa manera, aparente­mente, nuestros alegatos de fraude habían quedado se­pultados. Pero no fue así. Con miras a las elecciones muni­cipales del 16 de febrero, la Fundación Internacional de Sistemas Electorales (IFES) recomendó, contrario a Al­hambra Deus, añadir nueve capas de seguridad al soft­ware del voto automatizado.

Si ese programa era tan “robusto, fiable y rápido en su ejecución” como había in­dicado la firma española con­tratada por la JCE, ¿por qué razón IFES recomendaba la adición de nueve capas de se­guridad? La verdad, sin em­bargo, reluciría con mayor fulgor y contundencia, con motivo de las elecciones mu­nicipales fallidas del 16 de febrero. Con respecto a esas elecciones, la OEA determi­nó que lo que provocó su fra­caso fue la utilización de un software defectuoso, que te­nía 21 fallas, y que, por consi­guiente, no garantizaba la in­tegridad electoral.

Hay que imaginarse cómo si con nueve capas añadidas de seguridad, el software fra­casó en las municipales de fe­brero, ¿qué no habría sido en las primarias del PLD, en oc­tubre del año pasado, cuan­do no disponía de esos nive­les de seguridad?

La respuesta, no obstante, la tiene la propia empresa Al­hambra. De manera sorpren­dente, esta sostiene en su in­forme que aún al día de hoy, 6 de octubre de 2020, un año después, hasta las 5:13p.m., hay una mesa abierta en el Centro Comunal El Café, en Santo Domingo Oeste.

Increíble, pero así es.