Acusaciones a jueces de estar “apandillados” en el manejo de auditorías, amenazas de juicios polí­ticos por escasez de ética y prácticas de nepotismo, inacción institucional y subida de salarios sin jus­tificación, son solo parte de las tandas de crisis que ha padecido la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.

Despectivamente repro­chada como la “Cámara de Cuentos” por gran par­te de la ciudadanía y sec­tores de la sociedad civil, esta institución, órgano superior externo de con­trol fiscal, de los recursos públicos y procesos admi­nistrativos y del patrimo­nio público, ha protagoni­zado escándalos que han puesto en tela de juicio su operación y existencia.

En enero de 2007, el pleno, encabezado por su presidente Andrés Terre­ro, se aumentó el sueldo y sus miembros pasaron de cobrar de RD$300,000 a más RD$600,000 al mes. Pero las críticas no dieron tiempo a espera y la medi­da fue dejada sin efecto en mayo de ese mismo año.

No obstante, posterior­mente su pleno fue some­tido al escarmiento y a un juicio político, bajo acu­saciones de lucha de inte­reses en el manejo de las auditorías, distribución irregular de cargos en la institución, círculo de ne­potismo y compras irre­gulares sin las licitaciones adecuadas.

Con estos actos los ti­tulares, que fueron re­nombrados por la opinión pública como “los apandi­llados”, finalmente resul­taron señalados de violar las leyes 10-04, de la Cá­mara de Cuentas, la 41-08, de Función Pública, y la 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas.

Luego de iniciado el jui­cio político, Terrero y los miembros del pleno opta­ron por renunciar de sus cargos.

Los otros titulares eran Henry Mejía, José A. Ma­ceo, Juan Adalberto Lora Ruíz, Freddy Almonte Bri­to, Luis Yépez Súncar, José Altagracia Gregorio, Uli­ses de Beras de la Cruz y Alcides Benjamín.

En su carta de renuncia, Terrero entendía que no se debía someter “al Senado de la República a la fragi­lidad de una votación que conforme a la Constitu­ción de la República con la 3/4 de la votación se pue­de destituir a cualquiera de nosotros”.

Sueldos y el escándalo
Otro escándalo se suscitó en marzo de 2017, prácti­camente al inicio de esta actual gestión, encabeza­da por Hugo Álvarez Pérez, fue un aumento salarial sin justificación que solicitó el presidente de la CCRD.

El sueldo de Álvarez Pé­rez pasó de 350,000 pesos a 423,500 pesos. Los demás miembros, conformados por Pedro Ortiz Hernández, Carlos Tejada, Félix Álvarez Rivera y Margarita Melen­ciano Corporán, también recibieron aumentos que llevaron sus salarios hasta 379,097 pesos.

No obstante, Álvarez Pé­rez justificó, a través de una carta al presidente de la Cá­mara de Diputados de ese entonces, Rubén Maldona­do, que no se hicieron un aumento salarial, sino que aplicaron un tabulador sa­larial instituido mediante una resolución del 2013, es decir con el pleno pasado.

La misiva indicaba que “la resolución ADM-2013-012, aprobó la adopción de una política salarial para to­dos los recursos humanos, funcionarios y servidores públicos de la Cámara de Cuentas, sobre la base de la equidad interna, competiti­vidad externa y capacidad económica, de conformi­dad con el tabulador/esca­la salarial”.

Esta gestión de Álvarez Pérez también estuvo en el ojo del huracán al repor­tar millones de pesos en al­muerzos, bebidas, cigarros de marcas, restaurantes, tarjetas de crédito y dona­ciones.

Con los recursos de la entidad, los funciona­rios de la CCRD gastaron RD$73,475.00 en la com­pra de cigarros de marcas costosas.

Además, se registraron gastos en compras de be­bidas alcohólicas, mayor­mente vinos, champagne y whisky.

Inoperancia
Participación Ciudadana (PC) también denunció el año pasado que la CCRD solo realizó 356 audito­rías en siete años (2012-2019).

“Si se toma en cuenta que las instituciones del Esta­do a ser auditadas son unas 1,470 a las que hay que agregar 32 partidos y mo­vimientos políticos y 1,196 organizaciones sin fines de lucro que reciben fondos públicos, sumando 2,698 instituciones, entonces solo el 13% ha sido auditadas en estos últimos siete años”, in­dicó el grupo de la Sociedad Civil.

Los orígenes de la Cá­mara de Cuentas datan desde la primera Constitu­ción en 1844 y, aunque no se consignaba una Cáma­ra de Cuentas como la que se conoce hoy, se establecía un Consejo Administrativo compuesto de funcionarios públicos, encargado de ve­rificar anualmente las cuen­tas generales e informar sobre eso al Congreso Na­cional.

La misión de esta enti­dad es fiscalizar los recur­sos públicos del Estado do­minicano.

MENSAJE AL PAÍS
El discurso.
El presidente de la Re­pública afirmó que la Cámara de Cuentas res­ponde a los intereses del PLD, y que ese este es “parte de su blinda­je”, por lo que considera “sus miembros ya debe­rían haber renunciado”.

Recordó que la Cámara de Cuentas, que tiene la responsabilidad de audi­tar y fiscalizar, nunca ha auditado a fondo ni en serio a ninguna institu­ción pública.