Han pasado poco más de 53 días desde que el actual presidente de la República, Luis Abinader, recibió la banda presidencial y empezó de manera formal el primer gobierno de un partido diferente al de la Liberación Dominicana (PLD) en 16 años.

A partir de esa mañana del 16 de agosto, el autodenominado “gobierno del cambio” ha recibido varios elogios por parte de diferentes sectores pero también se ha visto golpeado por propios errores que han alterado a la sociedad.

Desde denuncias de nepotismo debido a la cantidad de familiares puestos en los diferentes cargos, hasta los escoltas asignados a Melton Pineda por parte del Ministerio de Defensa, en menos de dos meses el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha recibido críticas por su manejo de la cosa pública.

El más reciente de los escándalos fue el de los escoltas militares que estaban asignados al periodista y ahora excónsul del país en Brasil, Melton Pineda, de los que curiosamente dos de ellos eran sus hijos. 

Durante el transcurso del martes, a través de las redes sociales, se viralizó el memorándum 23771 del Ministerio de Defensa, con fecha del tres de octubre de este año, donde se le asignaba a Melton cuatro militares por “motivos de seguridad”.

La decisión generó un gran rechazó por parte de aquellos usuarios de la red social Twitter que llegaron a leer el documento oficial, mientras otros solo esperaban a que el mismo fuera falso ya que preferían creer que el mismo solo era una broma de “mal gusto”.

Esa información fue confirmada cuando la Presidencia de la República informó que el Ministerio de Defensa había dejado sin efecto la medida. El documento, con fecha del 6 de octubre, fue dirigido a la primer teniente médico Maricarly Pineda Medina, al sargento mayor Melton Junior Pineda Medina, al sargento Ramón Olivo Medina Contreras y al sargento Cristian Bello Pineda. Una hora antes salió el decreto en donde Abinader destituía del puesto a Melton Pineda.

Los nuevos impuestos 

Los últimos días se han constituido en los más difíciles para el joven Gobierno. El escándalo en el caso Pineda se sucede justo después de que se hiciera de conocimiento público el contenido del proyecto de ley de presupuesto a aplicarse el próximo año, sometido por el presidente de la República, en el cual se contempla una carga impositiva al sueldo de navidad, mejor conocido como doble sueldo, las compras en monedas extranjeras, entre otros nuevos impuestos.

Esto de inmediato causó una reacción adversa a esas posibles nuevas medidas por parte de la población que trajo consigo volver a instaurar entre las primeras tendencias la etiqueta #SeVan, que hicieron popular los perremeístas para desalojar del poder al PLD.

Desde el pasado viernes, las personas a través de las redes sociales reclamaban que no era posible pagar nuevos impuestos si no se había recuperado el “dinero malversado por corrupción Administrativa”.      

Luego de esa reacción que contó con la oposición también de varios dirigentes políticos, el presidente Abinader dijo que no trata de “imponer nada” y que esos impuestos serán dialogados y consensuados con la población, mientras decía que la necesidad de establecerlos se debía a que encontró “un país quebrado”.

Este jueves el presidente descartó las propuestas de nuevos impuesto y aseguró que alcanzó un acuerdo con el sector financiero y la empresa minera Barrick Gold, de modo que recibirán “adelantos de sus compromisos con el Estado”.

La privatización 

A finales del mes de septiembre el director general de Alianza Público Privada, Sigmund Freund, dijo que la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) y la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (Opret) podrían ser las primeras en el país en operar bajo esa modalidad recordando que ley 63-17 ordena que la OMSA y la Opret se conviertan en empresas públicas de transporte o que sean con capital mixto, privado y público.

Las declaraciones, como era de esperarse, causaron el rechazo de la ciudadanía.
El director de la OMSA, Radhamés González, consideró que esa alianza público-privada en el caso de la institución que dirige “no era conveniente” en esos momentos para el país.

González explicó la vulnerabilidad del transporte y recordó que cuando en el país el sector privado decide hacer huelgas y paralizar sus vehículos, el Gobierno para dar respuesta a la población utiliza a la OMSA, razón por la que considera peligrosa la alianza con el sector privado.  

Luego de esas reacciones, Freud volvía a los medios de comunicación para aclarar que el Poder Ejecutivo no tiene planes de privatizar ninguno de los bienes del sector público. 

Igual escarceo se produjo con el Instituto Nacional del Cáncer y fue necesario que el 24 de septiembre el propio mandatario se refiriera al punto negando cualquier intención de privatizar el Incart.

Arnaud, por arriba de la ley 

Uno de los escándalos mayores que vivió el joven gobierno fue cuando el 28 de agosto la Cámara de Diputados modificó la ley del Inapa, para permitir que su director lo fuera Wellington Arnaud, licenciado en derecho, y no ingeniero como señalaba la disposición.

Las principales críticas llegaron del Consejo Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), cuyo presidente, Francisco Marte, tildó esta acción como una puñalada trapera, que demostraba debilidad en las instituciones públicas, en las que se ponen los intereses grupales por encima del bien común.

Marte aseguró que el Inapa debía ser presidido por profesionales con el conocimiento y la experiencia que amerita esa gran responsabilidad nacional.

El Gobierno justificó el nombramiento expresando que este responde al interés de establecer alianzas público-privadas, a fin de lograr su plan de construir todos los acueductos necesarios en el país y reconstruir los que están deteriorados. 

Ese proyecto de ley fue enviado a una de las comisiones del Senado de la República, donde se ha estancado. Sin embargo, Arnaud ha seguido operando como el director del organismo.

Acusaciones de nepotismo 

Uno de los primeros obstáculos enfrentado por Abinader, incluso desde que empezó el periodo de transición, ha sido la acusación de nepotismo al poner varios miembros de una misma familia dentro de las instituciones del Estado.

La más reciente de esas acusaciones se produjo con la designación de la señora Patricia Selma Villegas García, esposa de Orlando Jorge Mera, como embajadora en Brasil, con el decreto 528-20. La hermana de Orlando Jorge, Dilia Leticia, es viceministra administrativa de la Presidencia, mientras que su hijo Orlando Villegas es diputado de la República.  

Otro nombramiento cuestionado fue el de la señora Katherine Estela Peña Rodríguez, hermana de la vicepresidenta Raquel Peña, quien en lo adelante será la nueva cónsul de República Dominicana en Sevilla, España. 

También se presentó en el caso de las designaciones de Luis Miguel, como ministro de Trabajo y Milagros de Camps como viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de Medio Ambiente, ambos hijos del fenecido dirigente político Hatuey de Camps, mientras que esta última es también hija de la vocera de la Presidencia Milagros Germán.

Por igual es cuestionada Josefa Castillo, quien fue designada como directora de la Superintendencia de Seguros del país. Castillo es madre de Jheyson García Castillo, nombrado como subdirector del Servicio Nacional de Salud y esposo de la ministra de la Juventud, Kimberly Taveras. García Castillo es el candidato propuesto por su madre para sucederle en la Cámara de Diputados, en vista de que tuvo que renunciar para ocupar la Superintendencia.

 #SeVan

Las críticas hacia el gobierno de Abinader alcanzaron su punto máximo durante el fin de semana pasado, tras el anuncio de los nuevos impuestos, al punto de volver a poner de moda la etiqueta de #SeVan en redes sociales, la misma que fue utilizada durante su periodo de campaña contra el Partido de la Liberación Dominicana.