La Dirección General de Prisiones justificó ayer el traslado de Marlon Martínez desde el Centro Penitenciario Juana Núñez, de Salcedo, a La Isleta, de Moca, tras considerar que se trata de una medida preventiva que busca garantizar la seguridad del privado de libertad.

Sostiene que, por tratarse de un sistema semi-abierto, el recinto penitenciario ubicado en la fortaleza Juana Núñez, de Salcedo, resulta una estructura menos adecuada para mantener a Marlon Martínez.

Considera que el interno podrá integrarse a los programas que se llevan a cabo en La Isleta, al igual que los demás privados de libertad, señalando que cada interno debe estar en un lugar en el que cuente con los arraigos familiares y sociales necesarios para garantizar su reinserción socio familiar, la cual debe viabilizar el Sistema Penitenciario.

Alega que la Constitución reconoce de manera implícita, en su artículo 40, la facultad del Director General de Prisiones para realizar traslados dentro del sistema penitenciario, mediante orden escrita y motivada.

También, considera que el artículo 9, letra E, de la Ley 224-84, avalados por las sentencias TC 581-2015 y TC 0-233-2013 del Tribunal Constitucional.

Marlon Martínez fue condenado a 30 años de reclusión por el asesinato de la adolescente Emely Peguero, quien se encontraba embarazada de su victimario, el 23 de agosto del año 2017. El hecho ocurrió en San Francisco de Macorís.

Prisiones habló en ese sentido, luego de que la defensa de Marlon Martínez emplazara a su director en un plazo de 24 horas, a partir de la notificación de la instancia, retornarlo al recinto carcelario de la Fortaleza de la provincia Hermana Mirabal.