La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Comisión Na­cional de Defensa de la Competencia (Pro-Com­petencia) firmaron ayer un acuerdo de coopera­ción técnica para forta­lecer la investigación y sanción de las prácticas colusorias en las contrata­ciones públicas y la aplica­ción del marco legal que rige a ambas instituciones.

Durante el acto de fir­ma, los titulares de la DGCP y Pro-Competencia, Car­los Pimentel y Yolanda Mar­tínez, respectivamente, se comprometieron a crear una mesa de trabajo interinsti­tucional que trabajará en la elaboración de un protocolo para el tratamiento de los po­sibles casos de colusión, que no es más que un acuerdo se­creto entre potenciales o ac­tuales proveedores-oferentes del Estado que pactan la con­ducta a seguir con la finali­dad de evitar la competencia entre sí y beneficiarse ilegíti­mamente de mejores condi­ciones de contratación con el Estado.

“La firma de este acuerdo, precisamente en el Día Inter­nacional contra la Corrup­ción, es simbólica porque una de las violaciones recurrentes que conducen a los delitos precedentes de la corrupción es precisamente la colusión”, dijo Pimentel.

En ese sentido, el direc­tor de la DGCP explicó que la institución se auxilia de herramientas tecnológicas y la ciencia de los datos para ser más eficiente en la detec­ción de esta práctica, median­te el análisis de cada proceso, desde la presentación de las ofertas técnicas y económi­cas, hasta la composición ac­cionaria de las empresas ofe­rentes.

La presidenta de Pro-Competencia, dijo que a partir de la detección y pre­vención de este ilícito se pueden lograr compras pú­blicas que salvaguarden el gasto público en favor de los contribuyentes y avan­zar en la construcción de un Estado de derecho.

LICITACIÓN
Daños.
“La idea es que poda­mos tener suplidores más confiables desde to­do punto de vista; pa­ra que no haya acuerdos entre competidores pa­ra licitar y dañar al Esta­do”, dijo Yolanda Mar­tínez.

Eje de acción.
Ambas instituciones co­ordinarán capacitacio­nes y talleres en materia de competencia y con­trataciones públicas.