El fracaso de las elecciones municipales del 16 de febrero conmovió el país. Miles de jóvenes y familias de la clase media se movilizaron en protesta por el nefasto acontecimiento, haciendo tambalear a la Junta Central Electoral y a las autoridades del partido de gobierno.

A estos comicios se les había asignado una trascendental importancia. El entonces presidente Danilo Medina y los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) cifraron que su triunfo en febrero sellaría a su vez la retención del poder en las elecciones presidenciales y legislativas del 17 de mayo.

Por eso cuando colapsó el sistema del voto automatizado provocando la suspensión del certamen municipal cuatro horas después de iniciadas las votaciones, todos los ojos del país se dirigieron al gobierno y la Junta Electoral. Era un hecho inédito en la historia electoral dominicana que proyectaba dudas y cuestionamientos sobre la transparencia para el proceso de mayo.

Denuncia de sabotaje
La población reaccionó también indignada cuando el director de la Policía y el ministerio público se avalanzaron sobre un coronel de la seguridad de Luis Abinader, principal candidato presidencial de la oposición, junto a un técnico informático y los apresaron acusándolos de autores materiales de la compleja situación.

Además cuando el comité político del gobernante PLD y  aliados, encabezado por su presidente Temístocles Montás, se apresuraron esa misma noche en una rueda de prensa a denunciar un sabotaje electrónico que nunca pudo demostrarse. Se atribuyó además al candidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM) haber presionado a la JCE para suspender las elecciones.

“Tenemos razones para creer que hay sectores internos de la Junta Central Electoral que han participado en él”, dijo su presidente Temístocles Montás, quien añadió que la oposición se veía beneficiada.

Contrario a esta denuncia, Abinader advirtió que esa suspensión se trataba de un grave atropello a los derechos democráticos de los dominicanos. “La Junta Central Electoral ha fracasado”. dijo en una alocución al país en la que exigió que se investigara a los responsables.

No obstante, las protestas continuaban extendiéndose y el presidente Medina tratando de contemporizar con los indignados afirmó diez días después que la suspensión de las elecciones “es un hecho lamentable y bochornoso, que empaña la democracia dominicana”. Para entonces el mandatario con ocho años en el gobierno sabía que no iría más allá del 16 de agosto.

Medina reprobó la actuación de los fiscales y la policía y solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA), que ayudara a investigar el fallo electrónico que causó la reprogramación de las elecciones municipales.

De inmediato la  OEA indicó que, aunque no había evidencia de que las máquinas pudieran haber sido manipuladas, se comprometía a encontrar una solución para esta problemática.

El deficiente funcionamiento de los equipos del voto electrónico, adquiridos en 2019 por alrededor de US$19 millones, ya habían sido cuestionados con vehemencia por el expresidente Leonel Fernández, cuando perdió las primarias internas del PLD en octubre de ese  año, lo cual decretó a la postre su renuncia de la organización política.

Movilizaciones y cacerolazos
En la capital y las principales ciudades siguieron extendiéndose las protestas acompañadas de cacerolazos que resonaban a cualquier hora del día o la noche, desde las casas de los barrios populares y los apartamentos de los sectores residenciales.

Las movilizaciones exigían respeto a la democracia, investigación del fallo electrónico, castigo a la corrupción administrativa y renuncia de los miembros de la Junta Central Electoral, quienes se habían visto precisados a fijar elecciones extraordinarias municipales para el 15 de marzo. Además, de que la Ley Electoral les imponía que después de la anulación de los comicios se debe fijar un plazo de 30 días para la nueva convocatoria.

El 27 de febrero, en conmemoración del 176 aniversario de la Independencia Nacional, mientras el presidente Medina pronunciaba el discurso ante la Asamblea Nacional, para presentar lo que sería su última rendición de cuentas a la nación, se convocó el “Trabucazo 2020” o marcha del millón

Esta actividad marcada con manifestaciones antigubernamentales, concentró a miles de personas en la Plaza de la Bandera, frente a la JCE,  lugar convertido durante semanas en símbolo de las protestas.

Impactó también la participación de reconocidas figuras de la televisión, el arte nacional y famosos cantautores encabezados por Juan Luis Guerra, quien al ritmo de canciones como “Ojalá que llueva café”, dijo que por la democracia, por la paz, por el derecho a elegir libremente a nuestros gobernantes, por una mejor nación se unía a la gran protesta.

Elecciones y pandemia
Fue en este escenario de crispación popular que se celebraron las elecciones extraordinarias del domingo 15 de marzo, donde los candidatos municipales peledeístas sufrieron un traumático revés, al salir derrotados en las principales plazas electorales, por el nuevo PRM.

El partido gobernante y aliados perdieron así el control del poder municipal que habían conservado desde el 2006, al obtener solo 65 alcaldes, de los 158 que se disputaban, contra 82 escaños del PRM, nueve de la Fuerza del Pueblo, el nuevo partido formado por el expresidente Fernández, y dos del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). A este descalabro político que sufrió el partido que había gobernado el país en 20 de los últimos 24 años, con un control absoluto en los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Municipal, se unió la crisis sanitaria   provocada por el Covid-19.  A su vez esta situación desplomó el crecimiento de la economía y aumentó los niveles de desempleo y pobreza de la población desde finales de marzo.

Otra suspensión
Entonces las autoridades electorales tuvieron, otra vez, que suspender las elecciones, pero en esta ocasión las  presidenciales y legislativa de mayo y la convocaron para  el 5 de julio, en medio del estado de emergencia nacional y toque de queda.

Las elecciones nacionales tuvieron que celebrarse rodeadas por este sombrío panorama, donde se  aplicó un estricto protoco sanitario, para los miembros de los colegios electorales y alrededor de 7.5 millones de ciudadanos que tenían derecho al voto.

Estas disposiciones implicaron mantener el distanciamiento social en las filas de los sufragantes y las mesas de votación, medidas sanitarias y uso obligatorio de mascarillas para todas las personas involucradas en el proceso.

Voto manual
Los miembros de la JCE decidieron dejar a un lado el sistema de voto automatizado que colapsó en febrero y volvieron al antiguo método de boletas manuales para los tres niveles de votación: presidencial, senadores,  y los diputados que además se sometían a un complejo sistema de propocionalidad  para designar los escaños, comocido como “Método D’ Hondt” .

 A  todas luces el ambiente que se respiraba en ese momento crucial conspiraba contra los candidatos oficialistas, quienes perdieron la Presidencia de la República y el control del Congreso, pese a las denuncias del uso indiscriminado de los recursos del Estado en la campaña y la tardía incorporación del presidente Medina en las actividades proselitistas.

Abinader, el PRM y aliados finalmente triunfaron en la primera ronda de votación con un 52.52% contra el candidato Gonzalo Castillo, del gobernante PLD. que registró un 37.46%. Con la derrota del PLD fueron barridos también por el nuevo Senado, los miembros de la cuestionada Junta Central Electoral CE Julio César Castaños Guzmán, presidente;  Carmen Imbert, Roberto Saladín, Rosario Graciano y Henry Mejía junto con todos sus suplentes, poniendo fin a un ciclo en que los partidos políticos elegían a los miembros de la instiución atendiendo a sus intereses particulares.