Aún restan 17 años para que el Estado dominicano termine de pagar por uno de los proyectos más costosos en los que ha incurrido el Gobierno en toda su historia: el “peaje sombra” de las autopistas que comunican a Santo Domingo con Samaná.

La ambiciosa obra prometía “grandes avances” para el pueblo dominicano a través del impulso de la zona turística del Nordeste, sin embargo, el precio para lograrlo ha sido mucho mayor del que se estimaba.

La concesión vial Autopistas del Nordeste y Bulevar Turístico del Atlántico, a manos de las empresas de capital colombiano Autopista del Nordeste S.A. y Boulevard Turístico S.A., le ha costado al país altas cifras millonarias por vehículos que ni siquiera transitan por los peajes.

El pasado 27 de febrero, en su primera rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, el presidente de la República Luis Abinader se refirió por primera vez contra el “peaje sombra” como algo “infame”, que representa un gran peso económico para el país, y prometió acudir a las vías legales para “buscarle solución”.

De acuerdo con el mandatario, desde hace 13 años el país ha desembolsado la suma de RD$26,835 millones como parte de los ingresos mínimos que debe garantizarle a la concesionaria.

Para este 2021, la Ley 237-20 de Presupuesto General del Estado tiene asignada por concepto del “peaje sombra”  la suma de RD$4,930.9 millones, pero Abinader afirmó que para el año en curso al país se le está exigiendo el pago de RD$7,000 millones por este concepto.

El meollo del asunto radica en que el costo total para la construcción, operación y mantenimiento de ambas autopistas fue de aproximadamente US$305 millones lo que equivale a  RD$17,674 millones, no obstante, el Gobierno dominicano ha pagado casi el doble de su verdadero valor y al país todavía le espera  “peaje sombra” hasta el año 2038.

“De seguir esta modalidad, al concluir, habríamos pagado casi seis veces su verdadero valor. Esto es sencillamente inaceptable”, aseveró el presidente ante el Congreso Nacional.

Tras esa queja pública, el siguiente paso que dio el Gobierno fue contratar el pasado 2 de febrero al abogado Emmanuel Esquea Guerrero, con el fin de que analice el contrato de concesión y rinda un informe jurídico al presidente Abinader, para que este tome la decisión final.

Al ser contactado por LISTÍN DIARIO, Guerrero señaló que al momento de recibir el poder de la Presidencia de la República para estudiar el caso del “peaje sombra”, sólo conocía lo que se había publicado en la prensa. 

Mientras Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, señaló en el Programa Matinal, de Telemicro, canal 5, que el gobierno presidido por Abinader “siempre trata de buscar una salida consensuada, negociada, que no perjudique al Estado y solo si no es posible, entonces vamos al arbitraje o al conflicto judicial”.

¿Por qué “peaje sombra”?
El proyecto que pactó la construcción y administración de las autopistas es una concesión vial, herramienta por medio de la que el Estado otorga a una empresa privada mediante licitación un contrato para construir, explotar y conservar un tramo transitable por un período, y a cambio la administración pública se compromete a pagar con los peajes recaudados en la obra.

En el caso de la Autopista del Nordeste y el Boulevard Turístico del Atlántico, las empresas colombianas se comprometieron a financiar de forma directa el 80% del costo total de la obra asegurando su construcción, mantenimiento y operación, siempre y cuando el Gobierno dominicano les cediera el derecho a recaudar el 100% de los peajes en ambos trayectos por un período ininterrumpido de 30 años.

Pero aunque todo prometía estabilidad y un vasto desarrollo para el país, las “letras pequeñas” del contrato contienen una cláusula que obliga al Gobierno a pagar un “mínimo garantizado” a la concesionaria para “proteger la inversión”.

El llamado “peaje sombra”  se origina en vista del déficit existente en el flujo de vehículos que circulan por carretera, por tanto al Gobierno le toca pagar miles de millones de pesos como la diferencia pautada para cumplir con el contrato.

En los montos devengados anualmente por concepto de este peaje “fantasma” no se incluyen los millones que recaudan estas empresas de forma directa en los distintos peajes de Marbella, Naranjal, Guaraguao y Catey, cuyos precios ascienden a RD$2,170 si se trata de un viaje ida y vuelta en un vehículo categoría I.

Si por el contrario, se trata de un viaje ida y vuelta de un vehículo pesado, categoría IV, entonces el monto a pagar escala a RD$8,114. Pero además de tener el control absoluto de todo lo que atraviesa los peajes, Autopista del Nordeste, S.A. y Boulevard Turístico S.A. también tienen asegurado como “aporte adicional” el pago de Impuesto a la Transferencia de Bienes y Servicios, mejor conocido como ITBIS.

Esta última parte está definida en el acuerdo número seis del contrato en el que se manifiesta que “a la fecha de presentación de la oferta en noviembre de 1999 no estaba vigente la normatividad actual respecto al ITBIS, en el evento en el que al concesionario se le exija aplicar el ITBIS vigente a partir del mes de enero de 2001, el concedente, o sea el Estado, se obliga a asumir la diferencia como aporte adicional”.

Así nació el “peaje sombra”
La signatura del contrato pasó por manos de los gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) con el expresidente Hipólito Mejía a la cabeza, y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dirigido por el expresidente Leonel Fernández en su segundo y tercer mandato.

La concesión vial entre la empresa Autopista del Nordeste, S.A. y el Estado Dominicano se originó el 8 de diciembre de 1999, cuando el consorcio colombiano ganó la adjudicación del contrato de ley por concurso público internacional para construir y operar la carretera Santo Domingo – Cruce Rincón de Molinillos.

El 22 de  enero de 2001 la entonces Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones (Seopc), representada por Miguel Vargas Maldonado, autorizó a las empresas accionistas colombianas Grupo Odinsa S.A, Grodco S.C.A y Consorcio Remix S.A para que también formaran parte del concesionario.

El 18 de julio del mismo año se firmó el contrato  “Construcción de la carretera Santo Domingo – Samaná bajo el sistema de administración del régimen de Peaje” entre Vargas Maldonado y el representante de la concesionaria, Luis Fernando Jaramillo Correa, por un monto de US$125,516,542.

Se acordó que el plazo total del contrato sería de 33 años y tres meses, de los cuales los primeros tres meses correspondería al plazo de liquidación del contrato, tres años para la ejecución de la obra y los 30 años restantes se dedicarían para la operación y mantenimiento de la autopista a manos de la entidad privada.

El contrato dispone que “si el valor correspondiente a los ingresos por concepto de recaudo de peaje durante dos meses de operación plena es inferior al ingreso garantizado para este período, el Concedente (Gobierno dominicano) compensará la diferencia al Concesionario”.

Esta cláusula que abrió las puertas a la garantía del “peaje sombra”, con el objetivo de “mantener el equilibrio económico del proyecto”, también fue aprobada en las actas firmadas en agosto de 2005 y enero de 2006 por el exsecretario de Obras Públicas, Manuel de Jesús (Freddy) Pérez, durante el mandato de Leonel Fernández.

Posterior a la firma, el proyecto millonario se dividió en dos fases: la primera compuesta por la construcción de la Autopista del Nordeste y la segunda por la construcción del Boulevard Turístico del Atlántico y la rehabilitación de la carretera que va desde Nagua hasta Las Terrenas.

Esta segunda etapa fue aprobada por Fernández y el Congreso Nacional el 23 de agosto de 2007, y el 22 de noviembre del mismo año fue firmada entre el exsecretario de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa y la empresa Boulevard Turístico S.A., cuya estructura accionarial y recursos son los mismos que los de la Autopista del Nordeste, S.A.

Aunque el convenio de ambas obras correspondió a mandatos distintos, estas se pusieron en marcha durante el Gobierno de Fernández, el 30 de junio de 2008 y noviembre de 2011 respectivamente.

En una carta remitida en 2008 al Congreso Nacional,  el expresidente Fernández expresó que según el modelo financiero de la obra el Estado dominicano debería obtener ingresos por un monto de US$900 millones durante la vigencia del contrato.

Se basó en un “estudio de tráfico”
La aprobación del proyecto que une al sur y al noreste del país se basó en la “Certificación del Modelo de Demanda o Tráfico” expedida en 2005 por la consultora de tráfico internacional Louis

Berger Group, cuyo estudio se apoyó en un reporte de la firma española especializada en planificación de transporte Auding S.A.

Según lo establecido en el acta de acuerdo no. 8 del contrato de concesión, el estudio fue presentado por Autopista del Nordeste S.A. “con el objeto de minimizar el riesgo de la incertidumbre en las proyecciones del ingreso de tráfico del proyecto”.

Este “estudio de tráfico” pronosticó que el Estado dominicano sólo pagaría “peaje sombra” por siete años, desde su inauguración en 2008 hasta el 2015, ya que pasado este tiempo “el flujo de vehículos sería idóneo”.

Sin embargo, pasados 13 años desde su puesta en operación las cifras pagadas a las empresas siguen aumentando y el presente  año 2021 promete ser uno de los que “más caro” le saldrá al erario.

Denuncias
De acuerdo con el informe “Autopsia Fiscal: Evaluación de los gastos e ingresos del Gobierno dominicano para la garantía de derechos”, elaborado por el Oxfam República Dominicana en 2019, en los primeros ocho años de funcionamiento de las autopistas el capital privado ha duplicado su inversión.

“Esta modalidad contractual representa una fuga de recursos considerables para el fisco, aparte del costo del bolsillo para la ciudadanía en general, que ya supera los RD$2,000 por un viaje ida y vuelta”, se lee en el documento.

La senadora del Distrito Nacional, Faride Raful, ha calificado de “leonino” el contrato de la Autopista del Nordeste y además señaló el compromiso asumido por el presidente Abinader para revisarlo.

Intento de negociación
En ocasiones anteriores ya se había planteado una revisión al contrato de concesión considerado por muchos como “abusivo”, pero ningún gobierno lo ha materializado.

El pasado 15 de diciembre el Ministerio de Obras Públicas informó que se encontraba en un “proceso de negociación” con el consorcio de empresas para la concretización de un acuerdo que permitiera una “reducción significativa” del costo del “peaje sombra”.

No obstante, en un artículo publicado el mismo día por LISTÍN DIARIO, bajo la firma de la periodista Patria Reyes Rodríguez, se afirma que de manera extraoficial una fuente ligada al Ministerio declaró que “aún no se ha llegado a un acuerdo definitivo con la empresa”.