La jueza de la instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, María Garabito, fue apoderada de una instancia de nuli­dad de la orden de allana­miento practicada por el Ministerio Público a la se­de de la Cámara de Cuen­tas el 22 de febrero. La instancia fue deposita­da por los abogados de los miembros del órgano fis­calizador del Estado, doc­tores Eduardo Jorge Prats, Julio Cury y Danae Mer­cado, con la cual buscan la nulidad de la resolución 01-2021, del18 de febrero pasado por la jueza Garabi­to.

Los abogados consideran que la orden fue deficitaria e incursa en errores mani­fiestos y por incumplir con los presupuestos de fondo que condicionan su libra­miento, tal como dispone el artículo 182.4 del Códi­go Procesal Penal.

Sostienen que, al autori­zarse el allanamiento por la supuesta renuencia a complacer al Ministe­rio Público, se legitimó a “un órgano dependiente del Poder Ejecutivo como lo ha definido el Tribu­nal Constitucional en sus sentencias TC/0153/13 y TC/0032/13, para in­fluir en la esfera de auto­gobierno de los órganos constitucionales extrapo­der”.

Acusan al Ministerio Pú­blico de carecer de facultad constitucional y legal para apremiar a la Cámara de Cuentas a practicar ningún tipo de control externo.