El Tribunal Constitucional emitió una resolución en la que dispone medidas para garantizar una ejecución efectiva de sus sentencias, entre las que incluye reque­rir al ministerio público o al abogado del Estado ante la jurisdicción inmobiliaria, el auxilio de la fuerza pública para que sea ejecutado lo decidido.

En la resolución TC-0003/21, el ente decla­ra que ante la comproba­da falta de ejecución de una sentencia, podrá también denunciar la violación del ar­tículo 114 del Código Penal ante la autoridad competen­te, a fin de que instrumente un expediente para el someti­miento ante la jurisdicción pe­nal contra el responsable.

Serán degradados
Ese texto legal sanciona con la degradación cívica “a los funcionarios, agentes o de­legados del Gobierno que hubieren ordenado o co­metido un acto arbitrario o atentatorio a la libertad indi­vidual, a los derechos políti­cos de uno o muchos ciuda­danos, o a la Constitución”.

El TC establece que co­municará el incumplimien­to de la decisión a la Presi­dencia de la República y a la autoridad competente, para que se agote un proce­dimiento disciplinario y se aplique la sanción que co­rresponda.

También informará el ex­pediente al Defensor del Pueblo en el caso de que las partes no lleguen a un acuer­do o que se incumpla con lo pactado.

PORTAL DEL TC
Darán datos de imcumplidores
Más medidas.
El Constitucional tamboen ordenará sea publicado, en el portal del Tribunal Constitucional, el nombre y otrosdatos necesarios del o de los responsables del incumplimiento de sus medidas.
Declaró que en los casos de imposición de astreinte, el TC queda facultado para resolver todas las cuestiones relativas a su liquidación y ejecución.