El presidente de la República, Luis Abinader, formalizó el “Plan General de Reforma y Modernización de la Administración Pública” a través del Decreto 149-21.

El mandatario expone en la pieza que la necesidad de organizar la administración pública está contemplado en la Ley número 247-12 que la regula, en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y un “reclamo social” para el perfeccionamiento de esta materia.

En su artículo 1 sobre el objetivo del plan, el decreto establece el propósito de “incrementar la capacidad del aparato administrativo, fortalecer la transparencia y el cumplimiento regulatorio” así como “mejorar el gasto administrativo e incrementar la calidad de los servicios públicos”.

Asimismo, establece cinco componentes básicos en el que estará estructurado el plan, entre los que figuran la actualización normativa general, reestructuración pública central, reformas sectoriales y transformación digital.

En lo que respecta a su implementación, el decreto especifica que el plan se llevará a cabo conforme a tres fases.

Una primera fase priorizará la reestructuración de órganos pública; la segunda será de discusión, formulación, aprobación y promulgación de un marco legal para un “Estado moderno” y la tercera consistirá en ejecución de medidas para “materializar el nuevo marco jurídico”.

El decreto conforma una Comisión de Reforma y Modernización de la Administración Pública que estará compuesta de siete funcionarios: los ministros de Administración Pública; Presidencia; Economía Planificación y Desarrollo, Hacienda, el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo y los directores del Consejo Nacional de Competitividad y de la Comisión de Reforma y Modernización de la Administración Pública.