La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) concluyó la semana pasada con la presentación de las pruebas documentales comunes a los seis imputados por los sobornos de Odebrecht y se encamina a presentar las pruebas individuales.

Hasta la semana pasada el Ministerio Público calculó que habían incorporado al juicio 540 pruebas y 21 testigos para tratar de probar que Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Tommy Galán, Andrés Bautista y Juan Roberto Rodríguez, supuestamente fueron sobornados con US$92 millones de dólares de la constructora Odebrecht a cambio de adjudicarle obras de infraestructuras.

El juicio se lleva a cabo en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, cuyas juezas rechazaron la incorporación, la semana pasada, de las delaciones premiadas que contenían los testimonios de los exejecutivos de la constructora brasileña, que establecían quién recibió sobornos y de qué forma.

El tribunal rechazó la incorporación de esa importante prueba porque el Ministerio Público no cumplió con las disposiciones establecidas por las leyes para que esa prueba pudiera entrar al debate.

Ese acontecimiento generó reacciones inmediatas de distintos sectores de la sociedad, algunos presagiando el derrotero del “caso más importante en materia de corrupción administrativa” y otros llamando a la sociedad a tener paciencia.

Por ejemplo, para el jurista y expresidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Subero Isa, el Ministerio Público “está haciendo de tripas corazón para poder enderezar un expediente que surgió con pocas posibilidades de éxito”.

Sin embargo, también entiende que las autoridades dominicanas habían confiado demasiado en las pruebas que les suministraron desde Brasil y no realizaron, con profundidad, sus propias investigaciones.

Por su parte, el jurista Francisco (Pancho) Álvarez y representantes del colectivo Participación Ciudadana y Marcha Verde, entienden que todavía es prematuro sacar una conclusión sobre el destino que podría tener el caso por los sobornos de Odebrecht. Llamaron a la sociedad a estar vigilantes y ser pacientes.

No obstante, entienden que el Ministerio Público tiene que hacer justicia, ya que de no lograr a una condena tendrían que rendir cuenta a la sociedad que ha demandado poner fin a la “impunidad y a la corrupción”.