Investigaciones que lleva en marcha el Ministerio Público relacionado con al entramado de corrupción establecido en el Caso Co­ral, afirman que el coro­nel policial Rafael Núñez de Aza, uno de los im­plicados clave, fue direc­tor financiero del Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (Conani).

En este detalle se ex­plica que el oficial sí ocu­po esa posición, no en su formallidad, pero sí en la práctica, y que el caso fue descubierto en la investi­gación que se está reali­zando ahora, por lo que no salió a relucir en la infor­mación oficial.

Durante el gobierno de Danilo Medina han sido directora del Conani, Kir­sys Fernández, Greybby Cuello Coste, quien ante­riormente estaba en el Ins­tituto Nacional de Aten­ción Integral a la Primera Infancia (INAIPI), y Kenia Lora, quien paso de Co­nani a dirigir el Inaipi.

Además de Conani, el coronel Núñez de Aza fue director financiero del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CES­TUR)y del Cuerpo Espe­cializado de Seguridad Presidencial (CUSEP), donde, según consta en la solicitud de medida de coerción en contra de los implicados en el entrama­do de corrupción, hubo problemas en la nomina.

Mientras tanto, fisca­les de la Procuraduría Especializada de Persecu­ción de la Corrupción Ad­ministrativa (Pepca) y la Dicción de Persecución continuaron realizando allanamientos y ocupando o bienes ligados a la red, a la que le atribuye su li­derazgo al mayor general Adán Cáceres Silvestre.

Los fiscales rastrearon en el Distrito Nacional y la pro­vincia Santo Domingo en busca de bienes muebles e inmuebles propiedad de la organización societaria mi­litar-religiosa, que “median­te maniobras fraudulentas logró acumular bienes por más de 3 mil millones de pesos bajo el manto del po­der, según el Ministerio Pú­blico”.

Las pesquisas incluye­ron el sector de Los Ríos, en el Distrito Nacional y Nuevo Amanecer en San­to Domingo Oeste, inclu­yendo un taller de la calle Gauyubín de Los Ríos, en busca de un vehículo per­teneciente a la red.

El pasado jueves, los fisca­les se incautaron de fincas de cacao en la carretera de Cama­rón, en Los Botados, Yamasá, de Monte Plata, y una finca de auyama y chinola de 249 ta­reas de un terreno a nombre de uno de los imputados, entre otras propiedades.

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Los imputados
Entre los involucrados figuran, además de Cá­ceres Silvestre y Núñez de Aza, la pastora Rossy Guzmán, su hijo Tanner Flete Guzmán, el mayor de la Armada Alejandro José Montero Cruz y el mayor Alejandro Girón Jiménez.

Contra los cinco prime­ro, la jueza Kenya Ro­mero, del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó prisión preventiva por un periodo de 18 meses para ser cumpli­do en el Centro de Co­rrección y Rehabilita­ción de Najayo, mien­tras que en contra del último se ordenó arresto domiciliario.