Aunque los fis­cales de la Procuraduría General de la República han adelantado algunas de las in­vestigaciones que realizan a funcionarios de pasados go­biernos y del actual, más de 20 personalidades que tienen pesquisas abiertas han subido las escalinatas del órgano in­vestigador en más de una oca­sión para ser cuestionados por la propia Miriam Germán Bri­to, Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho.

Hasta el momento el Minis­terio Público ha revelado los implicados en el Caso Antipul­po, donde hay dos hermanos del expresidente Danilo Medina involucrados; la Operación Ca­racol contra los exmiembros de la Cámara de Cuentas y Opera­ción Coral, contra el jefe de se­guridad el exmandatario quien guarda prisión junto a otros 5 involucrados a espera de que se le conozca medida de coerción.

Otra investigación en curso es un caso que lleva la propia Miriam Germán Brito, procu­radora general de la República, contra el exministro de Hacien­da, Donald Guerrero y al exad­ministrador general del Ban­co de Reservas, Simón Lizardo Mézquita, quienes también han acudido en varias ocasiones pa­ra ser cuestionados.

Donald Guerrero está sien­do investigado bajo las impu­taciones de irregularidad en su declaración jurada de patrimo­nio, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, des­falco, estafa contra el Estado, falsedad en documentos públi­cos y lavado de activos prove­nientes de delitos de corrupción ad­ministrativa.

Investigados gobierno
Danilo Medina
Las investigaciones que realizan los miembros de la Procuraduría Espe­cializada de Persecución de la Co­rrupción Administrativa (Pepca) han iniciado con la premisa de que se in­vestiga la declaración jurada de bie­nes de los diversos exfuncionarios.

Bajo ese señalamiento el año pa­sado acudió en varias ocasiones Lu­cía Medina, expresidenta de la Cá­mara de Diputados y hermana de Danilo Medina. Hasta el momento, sobre este caso, no se han revelado mayores detalles.

Otro legislador citado ha si­do Radhamés Camacho, tam­bién pasado presidente de la Cá­mara, quien acumula bienes por RD$80,410,687.07.

Quizás la persona que en más ocasiones ha tenido que subir las es­calinatas de la Procuraduría General de la República es Yokasta Guzmán, exdirectora de Contrataciones Públicas, a quien se le han con­tabilizado al menos 8 interroga­torios por su desempeño en esa institución en relación al caso del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), en la gestión de su exdi­rectora Berlinesa Franco.

Franco también ha acudido para declarar en torno al proceso de compra de 40,000 kits de ali­mentación, supuestamente so­brevalorado y adjudicado a una persona en un concurso que fue cuestionado por falta de transpa­rencia.

La exdirectora del Plan So­cial de la Presidencia, Iris Guaba, también ha tenido que acudir a la Procuraduría, tras una denun­cia del director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel.

Asimismo la actual directora del Plan Social denunció que a la salida del pasado Gobierno fue­ron sustraídos unos discos duros. Iris Guaba indicó que la sustrac­ción de los discos de los departa­mentos de Jurídica y Adminis­trativos se debió a que poseían informaciones personales de las encargadas.

El exministro de Educación y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominica­na (PLD), Carlos Amarante Baret, ha sido interrogado en varias oca­siones. Estuvo al frente de la institu­ción en el periodo 2013-2016.

La Pepca ha citado a Juan Te­místocles Montás para que ex­plique las dificultades que habría puesto el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) a los traba­jos de auditoría de la Cámara de Cuentas con los fondos recibi­dos de la Junta Central Electoral (JCE) durante 2012 y 2016.

Junto a Montás también fue­ron citados el contralor y el ge­rente financiero del partido mo­rado, Francisco Liranzo y Audilio Vargas, respectivamente.

El asistente personal del expre­sidente Danilo Medina y miem­bro del Comité Político del PLD, Robert de la Cruz, es otra de las personas que ha comparecido an­te la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa.

El caso asesor de Jean Alain
Miguel José Moya, exasesor de co­municaciones de la Procuraduría General de la República, durante la gestión de Jean Alain Rodríguez, también ha sido citado como parte de una investigación por tener un contrato de RD$20 millones desde 2018 para impartir supuestos cursos de estrategia comunicacional.

Investigados gobierno
Leonel Fernández
De igual forma, personas allega­das al expresidente Leonel Fernán­dez han acudido a la Procuraduría General de la República para di­versos cuestionamientos.

El senador Félix Bautista fue in­terrogado en varias ocasiones su­puestamente por lo declarado con sus bienes que ascienden a RD$27,869,001.8.

También el exdirector de la Ofi­cina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), Diandino Pe­ña, ha sido interrogado con rela­ción a presuntas irregularidades cometidas durante su gestión.

Funcionarios del actual gobierno
Al principio de los interrogatorios una de las primeras personas cita­das fue el alcalde de Pedro Brand, Wilson Paniagua, quien declaró poseer bienes que sobrepasaban los 1,000 millones de pesos.

Tras declarar que se trataba de un error, depositó nueva vez la de­claración jurada y el total ascendía a RD$41,683,677.

Kimberly Taveras, quien pocos meses después de asumir el cargo de Ministra de la Juventud, se vio obligada a renunciar, tras lo revela­do en su declaración jurada de bie­nes con 106 millones de pesos.

Además de este dinero, la exfuncionaria ha sido citada por unos contratos de recogida de ba­sura en el ayuntamiento de Boca Chica.

Por este caso ha acudido a la pro­curaduría su actual pareja, el hijo de la dirigente del Partido Revoluciona­rio Moderno (PRM), Josefa Castillo, Omar García Castillo, quien era regi­dor en ese ayuntamiento cuando se hacen los señalamientos.

De igual forma, Juan Carlos Ventura, expareja de Taveras y su hermana Jeimy Taveras.