El ministerio público pidió que le sea variada la medida que le fue impuesta a la pareja de César Emilio Peralta, ( El Abusador), luego de que variara la prisión domiciliaria impuesta por el tribunal.

En una instancia, firmada por el titular de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Luis González, el ministerio público hizo la solicitud al Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional para que a Marisol Franco se le variara la disposición.

Franco es acusada de formar parte de la red que, según el ministerio público, encabezaba su pareja.

Gómez explica en el documento presentado ante el tribunal que la pareja de “El Abusador” viola los protocolos que sustentan la prisión domiciliaria, medida que le fue otorgada en febrero del año 2020, atendiendo una petición de las partes y sin oposición del órgano persecutor, debido a una condición médica posparto.

Además de prisión domiciliaria, el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictaminó impedimento de salida del país contra la encartada.

La Procuraduría Especializada Antilavado y la Fiscalía del Distrito Nacional  indican que Franco desacató un mandato judicial que le impuso el arresto domiciliario, al igual que el voto de confianza otorgado, al salir de su domicilio sin ningún tipo de autorización emitida por la autoridad judicial competente ni informar al Ministerio Público.

Según un informe del Modelo de Gestión Penitenciaria, Marisol Franco no se encontraba en el domicilio asignado al momento de una visita de supervisión y cuando fue localizada vía telefónica dijo que se encontraba en el consultorio médico con sus hijos; sin embargo, no presentó pruebas que sustenten su salida sin autorización de las autoridades.

El órgano persecutor presentó pruebas documentales y testimoniales que fundamentan la solicitud y muestran que la imputada infringió la medida de coerción impuesta.

El Ministerio Público le atribuye a Franco el delito de lavado de activos provenientes del tráfico de drogas y la acusa de blanquear 161.8 millones de pesos entre los años 2006 y 2019, sin que las autoridades hayan podido comprobar que tuviera empleo, declaraciones juradas o empresas reales.